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| "Matar a Rubiales" es el título del libro de Luis Rubiales. |
El caso de Luis Rubiales y la reciente resurrección mediática de acusaciones contra Julio Iglesias, separadas por generaciones, contextos y hechos, comparten, sin embargo, un mismo patrón inquietante: la sustitución de la justicia por el linchamiento público.
No se trata de defender personas concretas, sino principios básicos. El primero de todos: la presunción de inocencia. Un pilar del Estado de derecho que hoy se menciona con la boca pequeña, como una antigualla incómoda frente al empuje de la moral instantánea y la política identitaria.
Rubiales: juicio sumarísimo en tiempo real
El caso Rubiales es paradigmático. Antes de que ningún juez se pronunciara, antes incluso de que se abriera formalmente una investigación penal, el veredicto ya estaba dictado. Gobiernos, partidos políticos, organismos deportivos, tertulianos y activistas coincidieron en una condena unánime y ruidosa.
No hubo matices, ni tiempos, ni distancia. Hubo exigencias de dimisión, sanciones ejemplares y declaraciones institucionales que parecían más propias de una sentencia firme que de una investigación en curso.
El problema no es que se critique una conducta —eso es legítimo—, sino que se confunda la reprobación moral con la culpabilidad penal. Rubiales fue tratado como culpable desde el primer minuto, y cualquier intento de contextualizar o esperar a los hechos fue tachado de complicidad o machismo. La presión no fue solo social: fue política, institucional y mediática, creando un clima donde la justicia parecía llegar tarde a un caso ya "resuelto".
Julio Iglesias: el retrovisor moral infinito
El caso de Julio Iglesias es distinto, pero igual de revelador. Décadas después de los hechos que ahora se juzgan bajo la lupa del presente, resurgen relatos, insinuaciones y acusaciones mediáticas que se presentan como verdades morales indiscutibles, aunque no hayan pasado por un tribunal ni se ajusten a los estándares probatorios actuales.
Aquí entra en juego otro fenómeno peligroso: el retrovisor moral infinito. Juzgar comportamientos del pasado con los códigos, sensibilidades y agendas políticas del presente, sin distinguir entre delito, error, contexto cultural o simple rumor. La figura pública se convierte en un símbolo a derribar, no en un ciudadano con derechos. El "yo te creo" se transforma en dogma, incluso cuando no hay proceso judicial ni posibilidad real de defensa.
El papel de la política: gasolina sobre el fuego
Lo más grave no es solo el papel de los medios, siempre tentados por el espectáculo y el clic fácil, sino la implicación directa de la política. Ministros opinando sobre casos judiciales abiertos, partidos usando acusaciones como armas arrojadizas, instituciones pronunciándose antes de que hablen los jueces. Todo ello erosiona la separación de poderes y envía un mensaje claro: la justicia importa menos que el relato.
Cuando el poder político señala culpables antes de tiempo, no protege a las víctimas: degrada el sistema. Porque mañana cualquiera puede ocupar ese lugar. Hoy es Rubiales, ayer fue otro, mañana será quien resulte incómodo para la narrativa dominante.
De la justicia al escarnio
Hemos pasado del Estado de derecho al Estado del escarnio. Un modelo donde la reputación se destruye en horas, donde la absolución —si llega— ya no repara nada, y donde el daño es irreversible, aunque no exista condena judicial. El proceso se convierte en castigo, y el castigo en espectáculo.
Defender la presunción de inocencia no es relativizar abusos ni silenciar a las víctimas. Es exactamente lo contrario: es garantizar que la verdad se construya con pruebas, no con consignas; con jueces, no con hashtags; con procedimientos, no con turbas digitales.
Una sociedad sin garantías
De Luis Rubiales a Julio Iglesias, el mensaje es el mismo: en la España actual no hace falta una sentencia para arruinar una vida pública. Basta una acusación amplificada, una agenda política clara y un ecosistema mediático dispuesto a dictar condenas exprés.
Y cuando una sociedad normaliza eso, no avanza en justicia: retrocede en civilización. Porque sin garantías para el acusado, tampoco hay garantías reales para nadie.

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