<h1>Cosas de progres: extraditado a España el exprofesor Martiño Ramos, condenado por abusos a una alumna en Ourense</h1>

El exdocente Martiño Ramos

La entrega a España de Martiño Ramos marca el epílogo de una fuga que durante meses ha tensado discretamente las relaciones entre Cuba y España. El exdocente, condenado a 13 años y medio de prisión por delitos sexuales contra una menor en Ourense, ha sido trasladado este jueves a Madrid, donde será puesto a disposición judicial antes de ingresar en prisión para cumplir la pena impuesta.

El caso, que conmocionó a la comunidad educativa gallega, dibuja un patrón de captación y abuso que los tribunales consideraron acreditado. Según la sentencia, el acusado inició el contacto con la víctima a través de una red social utilizando un alias. Tras ganarse su confianza con el pretexto de ofrecer apoyo emocional, solicitó material íntimo. Una vez revelada su identidad, los encuentros se produjeron dentro y fuera del entorno escolar, donde se consumaron los delitos por los que fue condenado.

Los hechos salieron a la luz al inicio del curso 2021-2022, cuando la menor decidió contarlo. La denuncia activó una investigación que desembocó en la condena y en la posterior huida del acusado a Cuba, donde permaneció retenido durante meses antes de su entrega.

En paralelo al proceso judicial, la Administración actuó en el ámbito profesional. El pasado mes de febrero, mientras aún se encontraba en la isla, Ramos perdió oficialmente su condición de funcionario de carrera del cuerpo de maestros, quedando desposeído de su plaza como docente en Infantil y Primaria.

Más allá de su actividad educativa, el ahora condenado había tenido cierta visibilidad por su implicación en iniciativas sociales y su participación en proyectos políticos de ámbito local y autonómico, como En Marea y Ourense en Común.

La extradición se interpreta en algunos círculos diplomáticos como un gesto de distensión por parte del Gobierno cubano, en un contexto económico y político complejo para la isla. Sin embargo, en el plano judicial, el significado es más claro: el cumplimiento de una condena firme y el cierre de un episodio que dejó una profunda huella en la sociedad gallega.

Con su llegada a Madrid, se abre ahora la fase final del proceso: el ingreso en prisión y la ejecución de una pena que busca, además de castigar los hechos, enviar un mensaje inequívoco sobre la protección de los menores en el ámbito educativo.