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Tele Pedro |
La noticia no debería pasar desapercibida ni camuflarse bajo el lenguaje burocrático de las reformas técnicas: el Gobierno ha blindado su control sobre RTVE y, con ello, sobre los telediarios, hasta 2030. No se trata de una simple reorganización administrativa ni de un ajuste menor del modelo audiovisual público. Es una operación política de fondo que afecta directamente a la calidad democrática, al pluralismo informativo y al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz e independiente.
RTVE no es una televisión privada al servicio de accionistas ni un altavoz gubernamental.
RTVE no es una televisión privada al servicio de accionistas ni un altavoz gubernamental.
Es un medio público financiado por todos, incluidos quienes no votan al partido en el poder. Precisamente por eso, su independencia debería ser sagrada. Sin embargo, en la práctica, se ha optado por el camino contrario: reforzar los mecanismos que permiten al Ejecutivo influir de manera decisiva en la línea editorial, en los nombramientos clave y en el relato informativo que cada noche entra en millones de hogares.
El argumento oficial suele ser el mismo de siempre: "garantizar estabilidad", "evitar bloqueos", "modernizar la corporación". Palabras bonitas que, traducidas a lenguaje llano, significan concentrar poder y reducir contrapesos. Cuando un gobierno se asegura el control de la radiotelevisión pública durante un horizonte tan largo —hasta 2030— no está pensando en el interés general, sino en blindarse frente a la alternancia política y en condicionar el debate público durante años.
Los telediarios son la joya de la corona. No solo informan: jerarquizan la realidad, deciden qué es relevante y qué no, a quién se escucha y a quién se silencia, qué escándalos se minimizan y cuáles se amplifican. Controlar los telediarios no es un detalle técnico; es controlar el marco mental desde el que millones de ciudadanos interpretan la política, la economía y la sociedad. Por eso resulta ingenuo —o cínico— fingir que este movimiento no tiene una intención claramente política.
El problema no es solo quién gobierna hoy, sino el precedente que se consolida. Si se acepta como normal que el Ejecutivo de turno colonice RTVE, mañana lo hará otro con el mismo descaro. El resultado es una televisión pública convertida en botín, en lugar de un espacio de servicio público, rigor y pluralidad. Y cuando la ciudadanía percibe que la televisión pública actúa como un ministerio de propaganda con plató, la confianza se erosiona, el descrédito crece y la democracia se empobrece.
Conviene recordar que las democracias maduras caminan justo en la dirección opuesta: consejos audiovisuales verdaderamente independientes, sistemas de elección que exigen consensos amplios y mandatos que no coinciden cómodamente con los ciclos políticos. Aquí, en cambio, se ha optado por la vía rápida: asegurar el control hoy, aunque sea al precio de hipotecar la credibilidad de RTVE durante la próxima década.
No es una cuestión ideológica, sino democrática. Hoy aplauden quienes se sienten representados por el Gobierno; mañana lamentarán el mismo mecanismo cuando esté en manos de otro. La información pública no debería depender del color político del Consejo de Ministros, sino de principios profesionales, éticos y de servicio a la verdad.
Blindar RTVE hasta 2030 no es fortalecerla; es someterla. Y una televisión pública sometida deja de ser pública en el sentido noble del término. Se convierte en una herramienta de poder. El coste no lo paga el Gobierno de hoy, sino los ciudadanos de mañana.
El argumento oficial suele ser el mismo de siempre: "garantizar estabilidad", "evitar bloqueos", "modernizar la corporación". Palabras bonitas que, traducidas a lenguaje llano, significan concentrar poder y reducir contrapesos. Cuando un gobierno se asegura el control de la radiotelevisión pública durante un horizonte tan largo —hasta 2030— no está pensando en el interés general, sino en blindarse frente a la alternancia política y en condicionar el debate público durante años.
Los telediarios son la joya de la corona. No solo informan: jerarquizan la realidad, deciden qué es relevante y qué no, a quién se escucha y a quién se silencia, qué escándalos se minimizan y cuáles se amplifican. Controlar los telediarios no es un detalle técnico; es controlar el marco mental desde el que millones de ciudadanos interpretan la política, la economía y la sociedad. Por eso resulta ingenuo —o cínico— fingir que este movimiento no tiene una intención claramente política.
El problema no es solo quién gobierna hoy, sino el precedente que se consolida. Si se acepta como normal que el Ejecutivo de turno colonice RTVE, mañana lo hará otro con el mismo descaro. El resultado es una televisión pública convertida en botín, en lugar de un espacio de servicio público, rigor y pluralidad. Y cuando la ciudadanía percibe que la televisión pública actúa como un ministerio de propaganda con plató, la confianza se erosiona, el descrédito crece y la democracia se empobrece.
Conviene recordar que las democracias maduras caminan justo en la dirección opuesta: consejos audiovisuales verdaderamente independientes, sistemas de elección que exigen consensos amplios y mandatos que no coinciden cómodamente con los ciclos políticos. Aquí, en cambio, se ha optado por la vía rápida: asegurar el control hoy, aunque sea al precio de hipotecar la credibilidad de RTVE durante la próxima década.
No es una cuestión ideológica, sino democrática. Hoy aplauden quienes se sienten representados por el Gobierno; mañana lamentarán el mismo mecanismo cuando esté en manos de otro. La información pública no debería depender del color político del Consejo de Ministros, sino de principios profesionales, éticos y de servicio a la verdad.
Blindar RTVE hasta 2030 no es fortalecerla; es someterla. Y una televisión pública sometida deja de ser pública en el sentido noble del término. Se convierte en una herramienta de poder. El coste no lo paga el Gobierno de hoy, sino los ciudadanos de mañana.
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