De Luis Rubiales a Julio Iglesias: la condena mediática y política antes de la judicial

"Matar a Rubiales" es el título del libro de Luis Rubiales.

En la España contemporánea —y, por extensión, en buena parte de Occidente— se ha instalado una peligrosa inversión del orden jurídico y moral: primero se condena en los platós, en las redes sociales y en los parlamentos; después, si acaso, se investiga en los tribunales. 

El caso de Luis Rubiales y la reciente resurrección mediática de acusaciones contra Julio Iglesias, separadas por generaciones, contextos y hechos, comparten, sin embargo, un mismo patrón inquietante: la sustitución de la justicia por el linchamiento público.

No se trata de defender personas concretas, sino principios básicos. El primero de todos: la presunción de inocencia. Un pilar del Estado de derecho que hoy se menciona con la boca pequeña, como una antigualla incómoda frente al empuje de la moral instantánea y la política identitaria.

Rubiales: juicio sumarísimo en tiempo real

El caso Rubiales es paradigmático. Antes de que ningún juez se pronunciara, antes incluso de que se abriera formalmente una investigación penal, el veredicto ya estaba dictado. Gobiernos, partidos políticos, organismos deportivos, tertulianos y activistas coincidieron en una condena unánime y ruidosa. 

No hubo matices, ni tiempos, ni distancia. Hubo exigencias de dimisión, sanciones ejemplares y declaraciones institucionales que parecían más propias de una sentencia firme que de una investigación en curso.

El problema no es que se critique una conducta —eso es legítimo—, sino que se confunda la reprobación moral con la culpabilidad penal. Rubiales fue tratado como culpable desde el primer minuto, y cualquier intento de contextualizar o esperar a los hechos fue tachado de complicidad o machismo. La presión no fue solo social: fue política, institucional y mediática, creando un clima donde la justicia parecía llegar tarde a un caso ya "resuelto".

Julio Iglesias: el retrovisor moral infinito

El caso de Julio Iglesias es distinto, pero igual de revelador. Décadas después de los hechos que ahora se juzgan bajo la lupa del presente, resurgen relatos, insinuaciones y acusaciones mediáticas que se presentan como verdades morales indiscutibles, aunque no hayan pasado por un tribunal ni se ajusten a los estándares probatorios actuales.

Aquí entra en juego otro fenómeno peligroso: el retrovisor moral infinito. Juzgar comportamientos del pasado con los códigos, sensibilidades y agendas políticas del presente, sin distinguir entre delito, error, contexto cultural o simple rumor. La figura pública se convierte en un símbolo a derribar, no en un ciudadano con derechos. El "yo te creo" se transforma en dogma, incluso cuando no hay proceso judicial ni posibilidad real de defensa.

El papel de la política: gasolina sobre el fuego

Lo más grave no es solo el papel de los medios, siempre tentados por el espectáculo y el clic fácil, sino la implicación directa de la política. Ministros opinando sobre casos judiciales abiertos, partidos usando acusaciones como armas arrojadizas, instituciones pronunciándose antes de que hablen los jueces. Todo ello erosiona la separación de poderes y envía un mensaje claro: la justicia importa menos que el relato.

Cuando el poder político señala culpables antes de tiempo, no protege a las víctimas: degrada el sistema. Porque mañana cualquiera puede ocupar ese lugar. Hoy es Rubiales, ayer fue otro, mañana será quien resulte incómodo para la narrativa dominante.

De la justicia al escarnio

Hemos pasado del Estado de derecho al Estado del escarnio. Un modelo donde la reputación se destruye en horas, donde la absolución —si llega— ya no repara nada, y donde el daño es irreversible, aunque no exista condena judicial. El proceso se convierte en castigo, y el castigo en espectáculo.

Defender la presunción de inocencia no es relativizar abusos ni silenciar a las víctimas. Es exactamente lo contrario: es garantizar que la verdad se construya con pruebas, no con consignas; con jueces, no con hashtags; con procedimientos, no con turbas digitales.

Una sociedad sin garantías

De Luis Rubiales a Julio Iglesias, el mensaje es el mismo: en la España actual no hace falta una sentencia para arruinar una vida pública. Basta una acusación amplificada, una agenda política clara y un ecosistema mediático dispuesto a dictar condenas exprés.

Y cuando una sociedad normaliza eso, no avanza en justicia: retrocede en civilización. Porque sin garantías para el acusado, tampoco hay garantías reales para nadie.

Feminismo selectivo: cuando el feminismo no defiende a todas las mujeres por igual

Irene Montero, 
la feminista que calla cuando le conviene

El feminismo nació como una causa universal: la defensa de la dignidad, la libertad y los derechos de todas las mujeres, sin adjetivos ni fronteras. Sin embargo, en las últimas décadas ha ido imponiéndose una versión cada vez más ideologizada y selectiva, que decide a quién se defiende, cuándo conviene indignarse y qué violencias merecen ser denunciadas. El resultado es un feminismo incoherente, profundamente político y, en demasiadas ocasiones, moralmente ciego.

El problema no es el feminismo, sino su instrumentalización

Conviene decirlo desde el principio: criticar el feminismo selectivo no es atacar la igualdad ni negar las violencias reales que sufren millones de mujeres. Es señalar cómo una parte del movimiento ha dejado de ser una defensa transversal de derechos para convertirse en una herramienta partidista. Cuando la ideología manda, la mujer concreta desaparece.

El feminismo selectivo no pregunta primero "¿qué le ha pasado a esta mujer?", sino "¿quién es el agresor?" y "¿en qué marco político encaja?". Si el agresor pertenece al "bando correcto", el silencio se impone. Si el caso cuestiona dogmas ideológicos, se relativiza, se contextualiza o directamente se borra.

Irán, Afganistán y el silencio incómodo

Uno de los ejemplos más clamorosos es el trato desigual a las mujeres que viven bajo regímenes islamistas. En Irán, mujeres asesinadas por no llevar bien el velo; en Afganistán, niñas expulsadas de las escuelas; en Yemen, matrimonios forzados y mutilaciones. ¿Dónde están las grandes movilizaciones del feminismo institucional occidental? ¿Dónde las campañas permanentes, los lemas, las pancartas, los minutos de silencio?

La respuesta es incómoda: denunciar esas violencias obliga a señalar culturas, religiones y regímenes que cierta izquierda considera "intocables" por miedo a ser acusada de islamofobia o colonialismo. Así, miles de mujeres quedan fuera del radar feminista por no encajar en el relato.

Prostitución, vientres de alquiler y otras contradicciones

Otro terreno minado es el de la prostitución y los vientres de alquiler. En nombre de la "libertad de elección", parte del feminismo justifica prácticas que mercantilizan el cuerpo femenino, especialmente el de mujeres pobres. Curiosamente, la defensa de estas prácticas suele coincidir con intereses económicos y con discursos neoliberales que el propio feminismo dice combatir.

Aquí también hay selección: la mujer vulnerable se convierte en "trabajadora empoderada" si eso permite sostener un marco ideológico. La explotación desaparece del lenguaje cuando incomoda.

Violencia sexual y doble rasero político

El feminismo selectivo también aplica un doble rasero en los casos de violencia sexual. Si el agresor pertenece a un entorno conservador, la condena es inmediata y absoluta. Si pertenece a un movimiento afín —revolucionario, antisistema, aliado político— aparecen los matices, las dudas, las llamadas a la prudencia.

No se trata de negar garantías jurídicas, sino de señalar una evidencia: la indignación no es igual para todos. La credibilidad de la víctima depende demasiado a menudo de quién resulte señalado.

Mujeres que no "representan"

Hay además mujeres que simplemente no cuentan. Mujeres de derechas, mujeres críticas con el feminismo hegemónico, mujeres religiosas, mujeres que no asumen el lenguaje identitario dominante. Sus agresiones no movilizan, sus testimonios no se viralizan, sus muertes no se convierten en símbolo.

El mensaje implícito es devastador: hay mujeres de primera y de segunda. Un feminismo que funciona así deja de ser emancipador y se convierte en un club ideológico.

Consecuencias: descrédito y abandono

Este feminismo selectivo no solo traiciona a las mujeres que ignora; también daña al conjunto del movimiento. Alimenta el descrédito social, facilita que se confunda feminismo con propaganda y deja desprotegidas a quienes más lo necesitan.

Cuando la defensa de los derechos depende de afinidades políticas, la justicia deja de ser justicia y se convierte en estrategia.

Recuperar el feminismo universal

El reto es claro: volver a un feminismo que no pregunte por pasaportes, ideologías o contextos culturales antes de defender a una mujer. Un feminismo capaz de denunciar al machismo venga de donde venga: del hogar, del Estado, de la religión, del mercado o del partido político de turno.

Porque cuando el feminismo no defiende a todas las mujeres por igual, deja de ser feminismo y se convierte en una herramienta más del poder. Y las mujeres, una vez más, pagan el precio del silencio.

Mujeres asesinadas en Irán. El feminismo selectivo de Podemos

Las mujeres siguen muriendo en Irán por el simple hecho de ser mujeres. Mueren por no cubrirse el cabello "correctamente", por protestar, por desobedecer a un régimen teocrático que ha hecho del control del cuerpo femenino una cuestión de Estado. Mueren en cárceles, en comisarías, en la calle, bajo la violencia directa de la policía moral o tras juicios sin garantías. 

Y, sin embargo, mientras estas muertes se acumulan, una parte del feminismo occidental —y muy especialmente el que representa Podemos en España— guarda un silencio tan atronador como incómodo.

Desde la muerte de Mahsa Amini en 2022, símbolo mundial de la brutalidad del régimen iraní, las protestas encabezadas por mujeres han sido respondidas con represión, tortura y ejecuciones. Informes de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos documentan asesinatos, desapariciones forzadas y condenas a muerte tras procesos judiciales simulados. No se trata de casos aislados ni de "excesos": es un sistema que castiga la libertad femenina como si fuera un delito capital.

Ante esta realidad cabría esperar una reacción contundente de quienes se autoproclaman defensores universales de los derechos de las mujeres. Pero no ha sido así. 

Podemos, partido que ha hecho del feminismo uno de sus principales estandartes políticos, ha demostrado una vez más que su compromiso no es con las mujeres en abstracto, sino con un feminismo ideológico, selectivo y profundamente condicionado por afinidades políticas.

Cuando el agresor es "Occidente", el feminismo de Podemos no conoce matices. Las condenas son inmediatas, el lenguaje es inflamado y la movilización mediática es constante. Pero cuando el verdugo es un régimen islamista, antioccidental y supuestamente "antiimperialista", el entusiasmo desaparece. Entonces llegan los silencios, las declaraciones tibias o, directamente, la ausencia total de pronunciamiento. Como si denunciar a Irán incomodara demasiado a un relato geopolítico que divide el mundo entre malos conocidos y dictaduras "comprensibles".

Este doble rasero no es casual. Forma parte de una visión del mundo en la que los derechos humanos dejan de ser universales para convertirse en instrumentos políticos. Las mujeres iraníes no encajan bien en el discurso de Podemos porque obligan a reconocer una verdad incómoda: que algunas de las peores opresiones contra las mujeres no provienen del "patriarcado occidental", sino de regímenes autoritarios que combinan religión, violencia y poder absoluto.

El problema no es solo el silencio. Es la hipocresía. Podemos se presenta como el partido que "cree a las mujeres", pero solo parece creerlas cuando su testimonio sirve para reforzar su marco ideológico. Las iraníes que denuncian violaciones, torturas y asesinatos a manos del Estado no reciben el mismo eco ni la misma solidaridad que otras causas más rentables políticamente. Su sufrimiento no genera hashtags, ni manifestaciones multitudinarias, ni discursos encendidos en el Congreso.

Esta selectividad vacía de contenido el propio concepto de feminismo. Si el feminismo no sirve para denunciar a un régimen que ejecuta mujeres por no llevar velo, ¿para qué sirve entonces? ¿Qué credibilidad tiene un movimiento que se dice global, pero mira hacia otro lado cuando las víctimas no encajan en su esquema amigo-enemigo?

El silencio de Podemos contrasta, además, con el coraje de las propias mujeres iraníes, que saben perfectamente a qué se enfrentan y aun así salen a la calle, se quitan el velo y gritan "mujer, vida, libertad". Ellas no piden comprensión cultural ni relativismo político. Piden apoyo, visibilidad y presión internacional. Piden que no se negocie su muerte en nombre de equilibrios ideológicos.

No se trata de exigir a Podemos que salve Irán. Se trata de algo mucho más básico: coherencia moral. O el feminismo es universal o no es feminismo, es propaganda. O se denuncia toda violencia contra las mujeres, venga de donde venga, o se admite abiertamente que hay mujeres de primera y de segunda, según quien las oprima.

Las mujeres asesinadas en Irán no necesitan un feminismo cómodo ni selectivo. Necesitan uno valiente, capaz de señalar sin miedo a los verdugos, aunque estos no encajen en el relato habitual. Cada silencio, cada ambigüedad, cada mirada hacia otro lado es una forma más de abandono. Y también una forma de complicidad.

El feminismo que calla ante Irán no es un feminismo traicionado por la realidad, sino un feminismo desnudo, expuesto tal como es: ideológico antes que humano, partidista antes que ético. Y eso, para quienes dicen luchar por la igualdad y la justicia, debería ser motivo de profunda vergüenza.

"Vox ya no da miedo": por qué Abascal supera los 60 diputados en las encuestas

Durante años, Vox fue presentado como el "fantasma" de la política española: una fuerza extrema, peligrosa, casi antisistema, útil como espantajo electoral pero supuestamente incapaz de consolidarse más allá del voto de protesta. Ese relato hoy hace agua. Las encuestas empiezan a dibujar un escenario incómodo para el consenso mediático: Vox ya no da miedo y, precisamente por eso, amplía su base electoral hasta superar con holgura los 60 diputados.

Del voto de castigo al voto de convicción

Uno de los cambios clave es sociológico. Vox ya no es solo el refugio del enfadado ocasional ni del desencantado coyuntural. Se ha convertido, para una parte creciente del electorado, en una opción estable. Muchos votantes que en 2019 y 2023 usaron a Vox como "aviso" al PP o como protesta contra el PSOE, hoy lo ven como una alternativa coherente, previsible y, paradójicamente, menos errática que sus rivales.

El discurso de Santiago Abascal no ha cambiado sustancialmente, pero sí su recepción. Lo que antes se calificaba de "radical" hoy se percibe como "claro". Y en un contexto de saturación de eufemismos, ambigüedades y marketing político, la claridad cotiza al alza.

Normalización política: el gran tabú roto

La entrada de Vox en gobiernos autonómicos y municipales ha tenido un efecto contrario al que auguraban sus detractores. No ha provocado el apocalipsis institucional anunciado ni ha hundido la convivencia democrática. Esa normalización ha desactivado la principal arma contra Vox: el miedo.

Cuando el votante comprueba que no pasa nada —ni se suspenden elecciones, ni se ilegalizan partidos, ni se dinamitan derechos básicos— el relato del "peligro inminente" pierde credibilidad. Vox ha dejado de ser una incógnita y eso tranquiliza a muchos electores que antes dudaban.

El desgaste del "cordón sanitario"

El cordón sanitario, repetido hasta la saciedad por la izquierda y amplificado por buena parte de los medios, empieza a mostrar síntomas de agotamiento. Convertir a Vox en el enemigo absoluto ha terminado por reforzarlo. El votante medio ya distingue entre advertencia y caricatura, y percibe que muchas críticas no buscan informar, sino disciplinar.

Además, la exclusión permanente genera un efecto rebote: quien se siente despreciado o tratado como menor de edad tiende a reafirmarse. Vox ha sabido capitalizar ese desprecio, presentándose como el partido al que se combate no por lo que hace, sino por lo que dice.

Inmigración, seguridad y soberanía: temas que ya no se esquivan

Hay otro factor decisivo: Vox habla de asuntos que otros partidos prefieren rodear de perífrasis o directamente evitar. Inmigración ilegal, inseguridad, okupación, pérdida de soberanía frente a Bruselas, desigualdad territorial o privilegios identitarios. Temas incómodos que existen en la calle, aunque se intenten diluir en el debate público.

Cuando los grandes partidos niegan el problema o lo minimizan, dejan espacio a quien lo nombra sin complejos. Vox no siempre ofrece soluciones realistas, pero sí pone palabras a inquietudes reales, y eso genera identificación.

Abascal: menos épica, más perfil de líder estable

Santiago Abascal también ha ajustado su papel. Menos gestos grandilocuentes, más imagen de líder resistente, coherente y sin bandazos. Frente a un PP percibido como táctico y un PSOE asociado a concesiones constantes, Abascal aparece como alguien previsible: se puede estar o no de acuerdo con él, pero se sabe qué piensa.

En tiempos de volatilidad política, esa previsibilidad es una virtud.

El error de siempre: subestimar al votante

El crecimiento de Vox no se explica por una "radicalización masiva" de la sociedad, sino por el fracaso de otros en dar respuestas creíbles. Tratar a sus votantes como ignorantes, manipulables o peligrosos ha sido, una vez más, un error estratégico.

Vox sube porque ya no asusta. Porque ha sido integrado —a la fuerza— en el paisaje político. Porque muchos españoles, cansados de tutelas morales y discursos huecos, prefieren una opción que consideran auténtica, aunque incomode.

La pregunta ya no es por qué Vox supera los 60 diputados en las encuestas. La pregunta es cuánto más crecerá si sus adversarios siguen apostándolo todo al miedo… cuando el miedo ya no funciona.

El Gobierno socialista se garantiza el control de RTVE y de sus telediarios hasta 2030

Tele Pedro

La noticia no debería pasar desapercibida ni camuflarse bajo el lenguaje burocrático de las reformas técnicas: el Gobierno ha blindado su control sobre RTVE y, con ello, sobre los telediarios, hasta 2030. No se trata de una simple reorganización administrativa ni de un ajuste menor del modelo audiovisual público. Es una operación política de fondo que afecta directamente a la calidad democrática, al pluralismo informativo y al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz e independiente.

RTVE no es una televisión privada al servicio de accionistas ni un altavoz gubernamental. 

Es un medio público financiado por todos, incluidos quienes no votan al partido en el poder. Precisamente por eso, su independencia debería ser sagrada. Sin embargo, en la práctica, se ha optado por el camino contrario: reforzar los mecanismos que permiten al Ejecutivo influir de manera decisiva en la línea editorial, en los nombramientos clave y en el relato informativo que cada noche entra en millones de hogares.

El argumento oficial suele ser el mismo de siempre: "garantizar estabilidad", "evitar bloqueos", "modernizar la corporación". Palabras bonitas que, traducidas a lenguaje llano, significan concentrar poder y reducir contrapesos. Cuando un gobierno se asegura el control de la radiotelevisión pública durante un horizonte tan largo —hasta 2030— no está pensando en el interés general, sino en blindarse frente a la alternancia política y en condicionar el debate público durante años.

Los telediarios son la joya de la corona. No solo informan: jerarquizan la realidad, deciden qué es relevante y qué no, a quién se escucha y a quién se silencia, qué escándalos se minimizan y cuáles se amplifican. Controlar los telediarios no es un detalle técnico; es controlar el marco mental desde el que millones de ciudadanos interpretan la política, la economía y la sociedad. Por eso resulta ingenuo —o cínico— fingir que este movimiento no tiene una intención claramente política.

El problema no es solo quién gobierna hoy, sino el precedente que se consolida. Si se acepta como normal que el Ejecutivo de turno colonice RTVE, mañana lo hará otro con el mismo descaro. El resultado es una televisión pública convertida en botín, en lugar de un espacio de servicio público, rigor y pluralidad. Y cuando la ciudadanía percibe que la televisión pública actúa como un ministerio de propaganda con plató, la confianza se erosiona, el descrédito crece y la democracia se empobrece.

Conviene recordar que las democracias maduras caminan justo en la dirección opuesta: consejos audiovisuales verdaderamente independientes, sistemas de elección que exigen consensos amplios y mandatos que no coinciden cómodamente con los ciclos políticos. Aquí, en cambio, se ha optado por la vía rápida: asegurar el control hoy, aunque sea al precio de hipotecar la credibilidad de RTVE durante la próxima década.

No es una cuestión ideológica, sino democrática. Hoy aplauden quienes se sienten representados por el Gobierno; mañana lamentarán el mismo mecanismo cuando esté en manos de otro. La información pública no debería depender del color político del Consejo de Ministros, sino de principios profesionales, éticos y de servicio a la verdad.

Blindar RTVE hasta 2030 no es fortalecerla; es someterla. Y una televisión pública sometida deja de ser pública en el sentido noble del término. Se convierte en una herramienta de poder. El coste no lo paga el Gobierno de hoy, sino los ciudadanos de mañana.

Del Helicoide a Barajas: 30 horas de viaje hacia la libertad, pero con una condición: "No podréis hablar, forma parte del acuerdo".

Amigas de Rocío San Miguel, 
esperan su llegada en el aeropuerto de Barajas.

Treinta horas. Treinta horas desde el corazón de una de las mazmorras más siniestras de América Latina hasta el aeropuerto de Barajas. Treinta horas que algunos han querido vender como un "traslado humanitario", como una salida pactada, casi como un gesto de buena voluntad del régimen venezolano. Pero la realidad, una vez más, es bastante más oscura: no fue una liberación, fue una extradición encubierta del silencio.

El Helicoide no es un lugar cualquiera. Es el símbolo arquitectónico del terror chavista, el epicentro del SEBIN, donde la tortura no es un exceso sino un método, y donde la arbitrariedad no es una desviación sino la norma. Salir de allí con vida ya es una excepción. Salir con destino a Europa, un milagro calculado. Pero ese milagro venía con letra pequeña: *no podréis hablar*. Ni ahora, ni después. Ni aquí, ni allá.

Porque el precio de la libertad fue la mordaza.

El chantaje como política de Estado

"No podréis hablar, forma parte del acuerdo". Esa frase, tan fría como reveladora, resume la lógica del régimen. No se trata solo de encarcelar cuerpos, sino de secuestrar relatos. El chavismo ha aprendido que las víctimas que hablan son más peligrosas que las que protestan. Un testimonio es un arma. Un superviviente que cuenta lo vivido desarma el relato oficial, deja al descubierto el sistema, pone nombres y métodos al horror.

Por eso el acuerdo no fue un acto de clemencia, sino de control. Te dejamos salir, pero te llevas el miedo contigo. Te damos un pasaporte, pero te confiscamos la voz. Es la exportación del terror: el régimen ya no necesita mantenerte en una celda, basta con que sigas preso del silencio en libertad.

Diplomacia de alfombra roja y ojos cerrados

Y aquí entra Europa. España. Barajas. El aeropuerto que se convierte en escenario final de una operación incómoda que nadie quiere explicar del todo. Se habla de "gestiones discretas", de "canales diplomáticos", de "evitar males mayores". El lenguaje de siempre cuando se trata de negociar con dictaduras: eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre.

¿Desde cuándo la defensa de los derechos humanos incluye cláusulas de silencio? ¿En qué manual diplomático se establece que una víctima de tortura debe callar para no incomodar a sus verdugos? Si la condición para salir de una cárcel política es no denunciarla, entonces no estamos ante una victoria de la democracia, sino ante una concesión vergonzosa.

La libertad vigilada del exilio

El exilio ya no empieza al cruzar la frontera. Empieza antes, cuando te advierten que cualquier palabra puede tener consecuencias. Para ti, o para los que se quedan. Porque el chantaje no se corta en seco: continúa en forma de amenaza implícita, de familia vulnerable, de expedientes abiertos.

Así, el régimen consigue algo perversamente eficaz: presos políticos que ya no ocupan celdas, pero tampoco micrófonos. Silencios que pesan más que barrotes. Historias que no se cuentan y, por tanto, parecen no haber ocurrido.

El silencio también es complicidad

Quienes celebran estos "traslados" sin preguntar por las condiciones participan, consciente o inconscientemente, de la farsa. Porque una dictadura no se humaniza por permitir salidas selectivas. Al contrario: se refuerza cuando logra imponer sus reglas incluso fuera de sus fronteras.

Del Helicoide a Barajas hubo treinta horas de viaje. Pero el trayecto más largo es otro: el que va del sufrimiento a la justicia. Y ese camino no se recorre en silencio.

Callar no forma parte de la libertad.
Callar es, precisamente, lo que el régimen siempre ha querido.

Pablo Iglesias: Ya es hora de desmontar para siempre el cuento de Pablo Iglesias y los mesías de la democracia. Eran chavistas y punto.

Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.
Dos falsos mesías chavistas.

Durante años se nos vendió a Pablo Iglesias como un "mesías democrático": un politólogo joven, irreverente, académico, que venía a regenerar una democracia supuestamente secuestrada por las élites. El relato fue eficaz, repetido hasta la saciedad en platós, columnas y universidades. Pero como todo cuento bien contado, funcionó mientras no se mirase demasiado de cerca. Hoy, con perspectiva, conviene decirlo sin rodeos: aquel proyecto no fue un accidente democrático ni una ingenuidad bienintencionada. Fue chavismo adaptado al contexto español. Y punto.

El origen que nunca fue un secreto

Antes de que existiera Podemos, antes incluso de que Iglesias se convirtiera en rostro televisivo habitual, ya existía una fascinación explícita por el modelo bolivariano. No era un interés académico neutral: era admiración política. Hugo Chávez, primero, y el chavismo después, fueron presentados como ejemplos de "democracia participativa", de "empoderamiento popular" y de ruptura con el "régimen del 78".

El problema no es que estudiaran Venezuela. El problema es que la defendieran cuando ya era evidente su deriva autoritaria. Cuando el chavismo cerraba medios, perseguía opositores, colonizaba tribunales y militarizaba la política, Iglesias y su entorno seguían hablando de "proceso popular", de "soberanía" y de "ataques del imperialismo".

No eran despistes. Eran convicciones.

El populismo como método

El ADN chavista no está solo en las simpatías internacionales, sino en la forma de hacer política. Iglesias importó un manual muy concreto: dividir la sociedad entre "pueblo" y "casta", deslegitimar a la prensa crítica, señalar a jueces y empresarios, y presentar cualquier límite institucional como una conspiración antidemocrática.

Ese esquema no nació en Vallecas ni en la Complutense. Viene de Caracas, de La Habana y de toda la tradición populista latinoamericana que entiende la democracia no como un sistema de contrapesos, sino como un plebiscito permanente al líder y a su relato.

Por eso Podemos nunca creyó de verdad en la separación de poderes, ni en la neutralidad de las instituciones, ni en la prensa libre cuando no era afín. Exactamente igual que el chavismo.

El mito del profesor honesto

Otro pilar del cuento fue la supuesta superioridad moral. Iglesias se presentó como el intelectual incorruptible frente a la "vieja política". Sin embargo, el tiempo fue desmontando la pose: financiación opaca, relaciones incómodas con regímenes autoritarios, contradicciones patrimoniales y un ejercicio del poder interno tan vertical como el que decían combatir.

El líder que hablaba de horizontalidad acabó controlando el partido con mano de hierro. El defensor de los humildes terminó viviendo como aquello que criticaba. Nada nuevo: el chavismo también empezó hablando de los pobres y terminó creando una nueva élite.

Venezuela como espejo incómodo

Hoy, cuando Venezuela es un país devastado, con millones de exiliados, una economía arruinada y un sistema político sin libertades reales, muchos intentan reescribir el pasado. Dicen que "no era eso", que "se torció", que "nadie podía saberlo". Es falso. Se sabía. Y se defendió igualmente.

Iglesias y los suyos no fueron simples observadores. Fueron propagandistas, justificadores y blanqueadores. Cuando tocaba condenar, miraron a otro lado. Cuando tocaba rectificar, redoblaron la apuesta.

Fin del relato

Desmontar el cuento de Pablo Iglesias no es un ejercicio de revancha, sino de higiene democrática. Porque mientras se siga presentando el chavismo como una "alternativa democrática fallida" y no como lo que es —un proyecto autoritario desde su origen—, el riesgo de repetir el experimento permanece.

Pablo Iglesias no fue un error del sistema. Fue la expresión española de una ideología conocida, probada y fracasada. Con otros acentos, otros símbolos y otro contexto, sí. Pero la misma lógica de fondo.

Ya es hora de decirlo claramente, sin eufemismos ni nostalgia: no eran regeneradores democráticos. Eran chavistas. Y punto.

Los vínculos de Zapatero con el régimen de Maduro se desmoronan. La figura del "mediador de paz" se desvanece.

Dos delincuentes en apuros.

Durante años, José Luis Rodríguez Zapatero ha intentado presentarse como un actor internacional independiente, un mediador bienintencionado que buscaba el diálogo y la paz en Venezuela. Sin embargo, ese relato comienza a resquebrajarse. 

Washington ha empezado a rastrear de manera sistemática los vínculos del expresidente español con el régimen de Nicolás Maduro, y lo que emerge no es la imagen de un árbitro neutral, sino la de un colaborador funcional del chavismo.

Desde 2014, Zapatero ha desempeñado un papel central en los procesos políticos venezolanos, especialmente en supuestas negociaciones entre el régimen y la oposición. Lejos de facilitar una transición democrática, su intervención ha coincidido —y para muchos ha contribuido— con la consolidación del poder de Maduro. 

Elecciones cuestionadas, diálogos estériles y acuerdos sin consecuencias reales han servido, en la práctica, para ganar tiempo y legitimidad internacional a una dictadura cada vez más aislada.

Las acusaciones más graves apuntan a la posible implicación de Zapatero en negocios lucrativos en Venezuela, particularmente en sectores estratégicos como el petróleo y el oro. 

No se trata solo de afinidad ideológica o de diplomacia paralela, sino de presuntos intereses económicos que explicarían su defensa persistente del régimen chavista, incluso cuando la represión, el fraude electoral y la crisis humanitaria eran ya evidentes.

En este contexto, comienzan a circular rumores cada vez más insistentes sobre posibles sanciones financieras por parte de Estados Unidos, e incluso sobre la eventual emisión de órdenes de arresto internacional si se acreditara su participación directa en operaciones ilegales o en el sostenimiento económico del régimen. 

Otro elemento que agrava la situación es la aparición del nombre de Zapatero en conexiones con la aerolínea Plus Ultra, rescatada con fondos públicos españoles en medio de sospechas de corrupción y de vínculos con capital venezolano. 

Este episodio refuerza la percepción de una red de relaciones opacas entre el chavismo y determinadas élites políticas europeas, con España como uno de los nodos principales.

La figura del "mediador de paz" se desvanece, sustituida por la de un expresidente atrapado en sus propias alianzas. Si las investigaciones avanzan y las sanciones se materializan, el impacto sobre el legado político de Zapatero será devastador. Pero no solo eso: también podrían verse seriamente comprometidas sus finanzas personales y su libertad de movimiento internacional.

El desmoronamiento de los vínculos de Zapatero con el régimen de Maduro no es un accidente ni una persecución ideológica, sino la consecuencia lógica de años de connivencia, silencios calculados y legitimación de una dictadura. El tiempo del relato edulcorado parece haber terminado. Ahora empieza el de las preguntas incómodas y, quizá, el de las responsabilidades.

Nicolás Maduro capturado: el terremoto que sacudirá a Sánchez, Zapatero y al PSOE.

Rodríguez Zapatero, 
colaborador consciente del chavismo.

El terremoto de la captura de Nicolás Maduro no se limitará a Venezuela. La onda expansiva alcanzará de lleno a España y, en particular, al presidente Pedro Sánchez, a José Luis Rodríguez Zapatero y al conjunto del PSOE. No será un episodio lejano, sino un ajuste de cuentas político, moral y diplomático largamente aplazado.

La caída de Maduro supondrá el derrumbe definitivo del relato que durante años intentó presentar al chavismo como una "democracia imperfecta" sometida a presiones externas. Con un líder capturado, ese discurso se volverá insostenible. Las violaciones de derechos humanos, la corrupción sistémica y el narcorrégimen dejarán de ser "acusaciones" para convertirse en hechos judicializados.

Para quienes, desde Europa, blanquearon al régimen o actuaron como mediadores complacientes, el problema ya no será ideológico, sino penal y reputacional.

José Luis Rodríguez Zapatero quedará en el centro del huracán. Durante años se presentó como "facilitador del diálogo" mientras legitimaba, de facto, a un régimen que cerraba medios, encarcelaba opositores y expulsaba a millones de venezolanos. Con Maduro capturado, cada gesto, cada viaje y cada declaración del expresidente español será revisado con lupa.

No se tratará solo de un juicio político. La pregunta incómoda emergerá con fuerza: ¿fue Zapatero un ingenuo útil o un colaborador consciente del régimen? En cualquiera de los dos casos, su figura quedará gravemente dañada, tanto dentro como fuera de España.

Para Pedro Sánchez, la situación será aún más delicada. Su Gobierno ha mantenido una ambigüedad calculada respecto a Venezuela, oscilando entre condenas formales y silencios estratégicos. La captura de Maduro romperá ese equilibrio.

Sánchez se verá obligado a explicar por qué España no lideró una posición más firme en la Unión Europea y por qué toleró la cercanía política y simbólica de figuras clave del PSOE con el chavismo. El silencio, que hasta ahora ha sido una táctica, pasará a interpretarse como complicidad o cobardía diplomática.

El PSOE, como organización, afrontaría un problema de fondo: su relación histórica con la izquierda latinoamericana autoritaria. La captura de Maduro forzará una revisión incómoda de alianzas, simpatías y dobles discursos.

No bastará con desmarcarse a posteriori. Habrá que responder por años de equidistancia moral, por el desprecio a la oposición venezolana y por la falta de empatía real con los exiliados. El partido quedará atrapado entre su retórica democrática y su práctica internacional.

En el plano interno, el impacto será electoral. La derecha explotará el vínculo PSOE–chavismo como símbolo de hipocresía moral. Pero el daño más profundo será cultural: la pérdida de autoridad ética para hablar de derechos humanos, democracia y Estado de derecho.

Cuando un régimen cae, no solo caen sus líderes. Caen también quienes lo justificaron, lo minimizaron o lo usaron como pieza de su ingeniería ideológica.

La captura de Nicolás Maduro no será solo el final de un dictador, sino el inicio de una cadena de explicaciones pendientes. Para Zapatero, para Sánchez y para todo el PSOE. Porque la historia, tarde o temprano, siempre pasa factura. Y cuando lo hace, ya no valen ni los matices ni los silencios.