<h1>Óscar Puente, dimisión</h1>

Cuatro horas al día insultando en Twitter...

Hay algo profundamente intolerable en un país que soporta una presión fiscal histórica mientras sus ciudadanos comprueban, con creciente indignación, que ni siquiera pueden confiar en la seguridad de un servicio público esencial como el ferrocarril. El Estado recauda más, pero no garantiza mejor. El Gobierno exige más a los contribuyentes, pero parece incapaz de ofrecerles a cambio servicios a la altura de lo que pagan. Y cuando la tragedia golpea, en lugar de asumir responsabilidades, sus dirigentes se aferran al cargo y buscan explicaciones que los eximan de toda culpa.

El accidente de Adamuz ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que el Gobierno de Pedro Sánchez preferiría no escuchar: ¿quién responde políticamente por los errores, las negligencias y las deficiencias que pudieron contribuir a una catástrofe ferroviaria? La responsabilidad política no puede diluirse entre comunicados, explicaciones técnicas y declaraciones calculadas. Tampoco puede desaparecer detrás de una estrategia de desgaste del tiempo, como si el transcurso de los meses bastara para enterrar la indignación de las víctimas.

Óscar Puente no puede convertirse en el encargado de esclarecer ante la ciudadanía unos hechos cuya gestión ha quedado marcada por la controversia. Un ministro llamado a rendir cuentas no puede pretender ejercer al mismo tiempo de juez de su propia actuación. La transparencia exige independencia, información verificable y disposición a reconocer los errores, no una sucesión de argumentos defensivos destinados a preservar la reputación del Gobierno.

La cuestión es todavía más grave cuando entran en juego las víctimas y los familiares de los fallecidos. Quienes han sufrido una pérdida irreparable no necesitan un ministro que se parapete tras explicaciones técnicas ni que responda con frialdad a sus reclamaciones. Necesitan respeto, empatía y, sobre todo, la certeza de que las instituciones harán todo lo necesario para esclarecer lo ocurrido. Ninguna estrategia política puede estar por encima de ese deber elemental.

La distancia con los afectados, cuando no se percibe una actitud ofensiva hacia quienes reclaman respuestas, agrava el daño institucional. Las víctimas no son adversarios políticos ni obstáculos que haya que apartar para controlar el relato. Son ciudadanos que merecen la verdad, por incómoda que resulte, y que tienen derecho a exigir responsabilidades sin ser tratados como una molestia.

Por eso, la dimisión Puente es una exigencia política legítima. No devolverá la vida a los fallecidos ni aliviará por sí sola el dolor de sus familias, pero permitiría empezar a restablecer una responsabilidad pública que no puede reducirse a palabras de condolencia.

Un Gobierno no demuestra su fortaleza aferrándose al poder, sino asumiendo las consecuencias de sus errores. Cuando la gestión de una tragedia queda bajo sospecha y las víctimas siguen reclamando respuestas, permanecer en el cargo no es una muestra de firmeza: es una forma de despreciar la rendición de cuentas.

Puente debe dimitir. Porque un país que exige sacrificios constantes a sus ciudadanos no puede conformarse con un Gobierno que elude los suyos.