<h1>El Gobierno socialista nacionaliza a mexicanos con padres nacidos en México antes de 1920</h1>

Nacionalizados por la ley de nietos.

La llamada ley de nietos nació con un propósito legítimo: reparar la injusticia sufrida por miles de españoles y sus descendientes, obligados al exilio por la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sin embargo, cuando una medida concebida para saldar una deuda histórica se aplica sin las debidas garantías documentales, la reparación corre el riesgo de convertirse en una concesión arbitraria.

Según una información de THE OBJECTIVE, el Gobierno español estaría nacionalizando a ciudadanos mexicanos cuyos padres nacieron en México antes de 1920, pese a que no habrían aportado pruebas suficientes para acreditar los requisitos exigidos por la legislación. De confirmarse estas prácticas, estaríamos ante un asunto que trasciende la gestión administrativa: la credibilidad de las instituciones y la igualdad ante la ley.

La cuestión fundamental no es si los descendientes de los exiliados españoles merecen recuperar la nacionalidad. Muchos tienen razones históricas y familiares legítimas para reclamarla. El problema es otro: ¿puede el Estado conceder la nacionalidad española sin verificar rigurosamente que los solicitantes cumplen las condiciones establecidas?

La ley no puede convertirse en una invitación a sustituir los documentos por presunciones ni a dar por acreditada una ascendencia española simplemente porque resulte verosímil. Si el procedimiento exige demostrar un vínculo familiar con ciudadanos españoles y, en determinados supuestos, la relación de estos con el exilio, esos requisitos deben comprobarse de manera objetiva. De lo contrario, la norma deja de ser un instrumento de reparación para convertirse en una puerta abierta a decisiones difíciles de justificar.

Tampoco basta con invocar la sensibilidad histórica para cerrar el debate. Precisamente porque la Guerra Civil y el exilio constituyen episodios dolorosos de nuestra historia, su memoria merece un tratamiento serio. Reparar una injusticia no significa prescindir de las reglas, sino aplicarlas con rigor, proporcionalidad y transparencia.

Si existen expedientes en los que se ha concedido la nacionalidad sin documentación suficiente, el Gobierno tiene la obligación de ofrecer explicaciones. Debe aclarar qué pruebas se exigieron, qué criterios utilizaron los funcionarios responsables y si esos criterios se aplicaron de manera uniforme a todos los solicitantes. La transparencia no es una concesión política, sino una exigencia elemental cuando está en juego la nacionalidad de un país.

También conviene evitar conclusiones precipitadas. Haber nacido en México, incluso antes de 1920, no demuestra por sí solo que una persona carezca de ascendencia española ni que sus descendientes no puedan acogerse legalmente a la norma. Lo decisivo es determinar si cada expediente satisface los requisitos aplicables y cuenta con pruebas suficientes.

La nacionalidad no es un premio político ni una herramienta para ampliar artificialmente el número de ciudadanos. Es un vínculo jurídico de enorme trascendencia que exige garantías, controles y decisiones motivadas.

La reparación histórica pierde legitimidad cuando se administra sin rigor. Si el Gobierno ha concedido nacionalidades al margen de la ley, debe asumir responsabilidades. Y si ha actuado correctamente, debe demostrarlo. En un Estado de derecho, ni la memoria histórica exime de cumplir las normas ni la Administración puede exigir a unos lo que está dispuesta a dispensar a otros. La igualdad ante la ley debe ser una garantía efectiva, no una declaración retórica destinada a adornar los discursos oficiales. De lo contrario, la confianza ciudadana terminará pagando el precio de una gestión opaca e injustificable.