<h1>El regreso de Puigdemont</h1>

Puigdemont

Carles Puigdemont puede volver a España nueve años después de abandonar Cataluña tras la declaración unilateral de independencia de 2017. El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la orden nacional de detención que pesaba sobre él y sobre sus antiguos consejeros Toni Comín y Lluís Puig, después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación vinculado al procés. El regreso, sin embargo, no equivale todavía al cierre definitivo de su situación judicial: el juez Pablo Llarena debe recibir y estudiar la sentencia íntegra del Constitucional antes de resolver formalmente sobre la aplicación de la amnistía a los tres procesados.

El cambio es, en cualquier caso, histórico. Puigdemont lleva desde octubre de 2017 instalado en Bélgica y ha convertido su permanencia fuera de España en una pieza central de su trayectoria política. Desde Waterloo dirigió Junts, intervino decisivamente en la negociación que permitió la investidura de Pedro Sánchez en 2023 y convirtió su situación judicial en una de las principales bazas de la política española. Ahora, por primera vez desde su huida, puede regresar sin el riesgo de ser detenido al cruzar la frontera.

Pero la vuelta plantea una paradoja. Puigdemont puede regresar en un momento en el que el movimiento político que encabeza atraviesa importantes dificultades. 

Junts afronta las elecciones generales del 29 de noviembre en un escenario marcado por encuestas desfavorables y por la competencia creciente dentro del espacio independentista. La irrupción de Aliança Catalana y las diferencias con ERC han fragmentado todavía más el mapa soberanista. La dirección de Junts confía precisamente en que la presencia física de Puigdemont permita recuperar protagonismo y movilizar a su electorado.

El regreso tiene además una dimensión electoral evidente. El Gobierno de Sánchez ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre, de modo que la vuelta del expresident se producirá, previsiblemente, en plena precampaña o campaña electoral. Junts estudia cómo convertir el acontecimiento en un acto político de máxima repercusión, aunque Puigdemont insiste en que pretende regresar como expresident de la Generalitat y no simplemente como dirigente de partido.

La relación con Sánchez constituye otro elemento de la ecuación. Junts fue fundamental para la investidura del presidente socialista, pero la alianza parlamentaria se deterioró posteriormente. En materia de vivienda, por ejemplo, PP, Vox y Junts han coincidido en ocho votaciones desde 2019 contra decretos que incorporaban medidas sobre alquileres, desahucios o protección de inquilinos. En octubre de 2026, Junts volvió a votar contra dos decretos del Gobierno sobre vivienda, contribuyendo a su rechazo parlamentario.

La vivienda se ha convertido así en uno de los principales focos de malestar social y político. El Congreso debatió el 1 de octubre dos nuevos decretos destinados a reforzar la protección de los inquilinos, limitar determinados desahucios y ampliar la oferta de vivienda asequible. Su rechazo fue uno de los episodios que precipitaron el adelanto electoral.

Puigdemont vuelve, por tanto, en circunstancias muy distintas de aquellas en las que se marchó. Entonces era el protagonista indiscutible del desafío independentista y su huida convirtió su figura en un símbolo para una parte del soberanismo. Ahora regresa cuando el independentismo está más dividido, Junts necesita recuperar espacio político y la legislatura de Sánchez ha terminado precisamente después de una ruptura progresiva con sus antiguos aliados.

La fotografía del regreso será poderosa. Su significado político, sin embargo, dependerá de lo que ocurra después. Nueve años fuera de España han terminado; la cuestión es qué papel ocupará Puigdemont en una Cataluña y en una España que ya no son las mismas de 2017.