<h1>Cuando el poder está podrido: cloacas, narcos y la jueza que había que "eliminar"</h1>

Beatriz Biedma

Hay momentos en los que un país se mira al espejo y descubre que la cara que le devuelve es la de un Estado capturado. El informe de la UCO de la Guardia Civil, de 32 páginas y fechado el 6 de octubre, no es una filtración más. Es la radiografía de una podredumbre. Revela que la trama de las cloacas del PSOE contactó con el clan de Los Rochos, una organización de narcotraficantes de Badajoz, para actuar contra la magistrada Beatriz Biedma, la jueza que instruía la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según el testimonio de Cintia Rocho, matriarca del clan, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla". Y remató con una frase que no admite eufemismos: "a palos aprende el burro".

Esto no es un exceso verbal. La UCO sitúa esas palabras en el terreno del daño físico. Hay anotaciones en la agenda de Leire Díez: "Jueza Badajoz. La celsa. Heroína & Gitano". Hay notas en el teléfono de Javier Pérez Dolset: "Jueza del hermano, choriza sin igual. Luis Sáenz de Tejada tiene la info". Hay fechas de contactos, entrega de datos personales sobre la magistrada y una propuesta clara de actuación física. No se ejecutó. El clan, según su propia líder, rechazó el encargo. Pero la mera existencia de esa maquinaria —el intento de reclutar a narcos para neutralizar a una jueza— es ya un delito moral y político de una gravedad insoportable.

¿Hasta dónde hay que caer para que un entorno vinculado al partido que gobierna España busque a traficantes de droga para "quitar de en medio" a una magistrada? ¿Qué clase de mentalidad convierte a una jueza en un "puto grano en el culo" que hay que eliminar a palos? Esto no es fontanería. Es delincuencia política. Es la lógica del poder absoluto que no tolera obstáculos judiciales, aunque esos obstáculos se llamen Estado de derecho.

La independencia judicial no es un adorno democrático. Es el último dique contra el abuso. Cuando ese dique se intenta dinamitar con intermediarios del hampa, el mensaje es cristalino: las causas que afectan a los nuestros no se ganan en los tribunales, se destruyen. Se compra el silencio, se intimida, se amenaza. Y si hace falta, se recurre a quienes viven del tráfico de heroína y de la violencia. El informe es cauteloso —la UCO lo califica de "meramente expositivo"—, pero los hechos que documenta no admiten neutralidad. Quien contacta con un clan de narcos para actuar contra una jueza ha declarado la guerra a la justicia.

Beatriz Biedma declara mañana como perjudicada ante la Audiencia Nacional. Llega con el respaldo de un informe policial que da credibilidad a lo que ella ya había denunciado. Llega, sobre todo, con la dignidad de quien no se rindió. Mientras tanto, quienes orquestaron o miraron hacia otro lado deberían dar explicaciones. No bastan las descalificaciones habituales ni los intentos de reducir esto a "bulos". Aquí hay un documento de la Guardia Civil, hay testimonios, hay anotaciones y hay un lenguaje que hiela la sangre.

España ha conocido cloacas antes. Pero esta vez el olor es más nauseabundo porque el investigado es el hermano del presidente y los intermediarios elegidos son narcos. No hay forma de edulcorarlo. No hay forma de relativizarlo. Cuando el poder toca fondo de esta manera, el fondo ya no es político: es criminal. Y un país que tolera que se intente "eliminar" a una jueza con la ayuda de un clan de la droga está firmando su propia sentencia de muerte democrática. "A palos aprende el burro". Esa frase no es solo una amenaza. Es el epitafio de quienes creen que el poder les autoriza a todo.