Hay palabras que se instalan en el debate público con la precisión de un bisturí. "Escalofriante" es la que ha comenzado a acompañar el nombre de Teresa Peramato, actual Fiscal General del Estado de España, nombrada en diciembre de 2025. No es un calificativo nacido del capricho, sino de una cadena de decisiones que revelan algo más profundo que la mera gestión institucional: un patrón.
Teresa Peramato
El tercer eslabón de una cadena
La degradación de la Fiscalía General se agudiza con cada nuevo titular. El recorrido es conocido: primero llegó Dolores Delgado, con sus comidas que algunos llamaron de la "cloaca"; luego Álvaro García Ortiz, quien pasaría a la historia como el primer Fiscal General condenado en España por revelar datos reservados para perjudicar a una rival política del presidente del Gobierno. Ahora, Teresa Peramato.
Su carrera incluye la presidencia de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que también provenían sus dos antecesores, y un largo historial de especialización en violencia sobre la mujer. Sin embargo, su nombramiento no está exento de controversia: su cercanía a figuras como Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado ha generado recelos en parte del sector judicial.
El hacha en el bolso
Lo que ha disparado las alarmas no es su perfil profesional, sino sus primeros movimientos al frente de la institución. Peramato anunció que venía a "cerrar heridas", pero lo primero que hizo fue presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que condenó a García Ortiz. Un gesto que sus detractores interpretaron no como voluntad de reconciliación, sino como declaración de guerra.
Después vinieron los nombramientos. La fiscal general decidió no renovar a Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid —una de las fiscales que declaró como testigo en el juicio contra García Ortiz, aportando elementos que fueron valorados en la sentencia— y propuso a otra candidata para sustituirla, mientras ascendía a la cúpula a fiscales vinculados al anterior equipo de dirección.
El caso más llamativo: el ascenso de Pilar Rodríguez —la fiscal provincial que colaboró en la filtración de datos y que incluso abogaba por añadir "un poco de cianuro" a la nota de prensa— al Tribunal Supremo, adelantando a cinco compañeros mejor posicionados en el escalafón.
Y como si eso fuera poco, nombró a su señora —la esposa de García Ortiz— teniente fiscal de Galicia, pese a estar 800 puestos por debajo del primer aspirante al cargo.
La lealtad al poder ante todo
El patrón que describe la acusación es claro: se castiga la lealtad a la institución y se premia la lealtad al poder. Las asociaciones fiscales señalan que Peramato sigue dinamitando "el mérito y la capacidad" para dar cabida a sus afines ideológicos de la Unión Progresista de Fiscales que, con apenas 200 miembros —el 8% de la carrera—, ha ido copando los ascensos.
El ascenso de algunos de estos profesionales, sin experiencia previa en ciertas jurisdicciones como la Sección Social del Supremo, ha sido uno de los elementos que más han alimentado la polémica, al poner en duda criterios como la especialización y el escalafón.
La respuesta de los afines a Peramato no se ha hecho esperar. La Unión Progresista de Fiscales ha respaldado los nombramientos y ha advertido de que la "deslegitimación sistemática" sobre las decisiones de la institución "compromete" la independencia del Ministerio Fiscal. Sus críticos responden que quien compromete esa independencia es, precisamente, quien la subordina a la política.
¿Por qué "escalofriante"?
La respuesta es casi literaria: porque Peramato representa la continuidad sin pudor. No la ruptura con lo anterior, sino su profundización. Si García Ortiz fue el primer fiscal general condenado, Peramato es la fiscal general que recurre esa condena y premia a quienes participaron en los hechos. Es el sistema protegiéndose a sí mismo.
Lo escalofriante, en definitiva, no es un temperamento ni una personalidad. Es la lógica institucional que representa: la de una Fiscalía que, según sus críticos, ha dejado de ser el guardián de la legalidad para convertirse en un instrumento de poder. Y eso, independientemente del color político de quien lo juzgue, debería producir un escalofrío.
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