La monarquía que decepciona a los españoles

¿A quién representan?

Durante décadas, la monarquía española fue considerada una de las instituciones más sólidas del Estado. La figura de Juan Carlos I desempeñó un papel decisivo en la Transición democrática y durante años gozó de un respaldo social muy amplio. Sin embargo, esa confianza se ha ido erosionando progresivamente hasta el punto de que hoy la Corona genera opiniones profundamente divididas.

La pregunta es inevitable: ¿por qué una institución que durante tanto tiempo simbolizó la estabilidad política despierta ahora tanta decepción entre una parte importante de la sociedad?

El desgaste de una institución histórica

El deterioro de la imagen de la monarquía no puede explicarse por una única causa. Se trata de un proceso acumulativo que comenzó hace más de una década.

Los escándalos que afectaron al rey emérito Juan Carlos I marcaron un antes y un después. El caso Nóos, protagonizado por Iñaki Urdangarin; la polémica cacería de elefantes en Botsuana durante la crisis económica; las investigaciones sobre su patrimonio en el extranjero y su posterior salida de España dañaron seriamente el prestigio de la institución. 

Muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse si la ejemplaridad exigida a la Jefatura del Estado estaba realmente garantizada.

Felipe VI intenta reconstruir la confianza

Desde su proclamación en 2014, Felipe VI ha tratado de marcar distancias con los errores del pasado. Entre las medidas adoptadas destacan una mayor transparencia en las cuentas de la Casa Real, la renuncia personal a cualquier herencia económica procedente de su padre y la retirada de la asignación pública al rey emérito. Estas decisiones fueron interpretadas como un intento de modernizar la institución y recuperar la credibilidad perdida. 

Su intervención durante la crisis institucional de Cataluña en octubre de 2017 reforzó su imagen entre quienes defendían la unidad de España, aunque también intensificó las críticas desde los sectores independentistas y parte de la izquierda.

Una monarquía con escaso margen político

A menudo se atribuyen al Rey responsabilidades que, constitucionalmente, no le corresponden. La Constitución española define al monarca como jefe del Estado y símbolo de la unidad nacional, pero el poder ejecutivo corresponde al Gobierno. El Rey sanciona las leyes, representa a España y ejerce funciones de arbitraje y moderación, pero no puede gobernar ni tomar decisiones políticas por iniciativa propia. 

Esta limitación provoca frustración entre quienes esperan que intervenga con mayor contundencia ante las crisis nacionales.

Un ejemplo reciente ha sido la crisis migratoria en Ceuta. Felipe VI expresó públicamente su preocupación e hizo un llamamiento para garantizar la seguridad de Ceuta y Melilla, pero sus competencias constitucionales no le permiten dirigir la política migratoria ni ordenar actuaciones al Ejecutivo. 

Una sociedad mucho más crítica

España también ha cambiado. Las nuevas generaciones muestran una relación mucho menos sentimental con la monarquía que quienes vivieron la Transición. Para muchos jóvenes, la Corona ya no representa el consenso político que simbolizó durante los años setenta y ochenta.

Las encuestas publicadas por distintos institutos demoscópicos reflejan una sociedad dividida entre partidarios de la monarquía parlamentaria y defensores de una república, aunque los resultados varían según la metodología y la empresa que realiza el estudio. 

La comunicación, otro desafío

Otro de los reproches frecuentes es la escasa capacidad comunicativa de la institución. La Casa Real mantiene una estrategia muy prudente, basada en la neutralidad política y en intervenciones limitadas. Sus defensores consideran que esa discreción es imprescindible para preservar la imparcialidad del jefe del Estado.

Sus críticos, en cambio, creen que el silencio institucional transmite lejanía y dificulta conectar con una ciudadanía acostumbrada a una comunicación mucho más directa por parte de otras instituciones y dirigentes políticos.

¿Está realmente decepcionando la monarquía? 

Existe un sector de la población claramente desencantado con la institución, mientras que otro continúa valorando positivamente el papel desempeñado por Felipe VI y considera que ha logrado estabilizar la Corona tras los escándalos heredados del reinado anterior. La Familia Real mantiene además una intensa agenda institucional y continúa representando al Estado en numerosos actos nacionales e internacionales. 

Más que una crisis exclusivamente de la monarquía, algunos analistas interpretan el fenómeno como parte de un desgaste general de las instituciones públicas, en un contexto de fuerte polarización política y creciente desconfianza ciudadana.

Conclusión

La monarquía española atraviesa uno de los periodos más complejos de su historia reciente. El prestigio acumulado durante la Transición quedó seriamente afectado por los escándalos del rey emérito, y Felipe VI ha dedicado buena parte de su reinado a intentar restaurar esa confianza mediante una mayor transparencia y un estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales.

El futuro de la institución dependerá, en gran medida, de su capacidad para seguir ofreciendo ejemplaridad, mantener la neutralidad política y responder a las expectativas de una sociedad mucho más exigente que la de hace cuarenta años. 

Europa cuestiona el liderazgo del Pedro Sánchez: Mientras España arde y Ceuta se desborda, Sánchez descansa

Los españoles no olvidan  quién es el felón.

Hay imágenes que resumen una legislatura. Mientras España afronta una de las mayores crisis migratorias de los últimos años, con cadáveres recuperados en el mar frente a Ceuta, incendios forestales que obligan a evacuar poblaciones enteras y una creciente tensión política, Pedro Sánchez pasa sus vacaciones en Lanzarote. La fotografía ha dado la vuelta a Europa y ha provocado una oleada de críticas en algunos de los principales periódicos del continente.

Lo que comenzó como una controversia nacional se ha convertido en un problema de imagen internacional. Alemania y el Reino Unido han puesto el foco sobre la actuación del Gobierno español y se preguntan dónde está el liderazgo cuando el país atraviesa una situación excepcional.

Europa observa con incredulidad

El diario alemán Bild no recurrió a eufemismos. Su mensaje fue directo: «España se hunde en el caos; Sánchez está de vacaciones». El periódico describe un país golpeado simultáneamente por una intensa presión migratoria, incendios forestales y una profunda crispación política, mientras el presidente disfruta de un mes de descanso en la residencia oficial de La Mareta.

Desde el Reino Unido, The Telegraph subrayó el contraste entre las imágenes de los equipos de rescate recuperando cuerpos sin vida en el mar y la publicación, desde el entorno del presidente, de contenidos estivales como una lista de canciones para el verano. Más que una anécdota, el periódico lo presenta como un símbolo de desconexión con la gravedad del momento.

En la misma línea, The Times cuestionó la oportunidad política de unas vacaciones prolongadas cuando España se enfrenta simultáneamente a una emergencia migratoria y a una complicada campaña contra los incendios.

La política también es presencia

Nadie discute que un presidente tenga derecho a descansar. Lo que muchos ciudadanos cuestionan es si ese descanso resulta compatible con una crisis nacional de semejante magnitud.

En política, gobernar consiste también en transmitir seguridad. En las grandes emergencias, la ciudadanía necesita percibir que quien ocupa la máxima responsabilidad está al frente de la situación, coordinando recursos, compareciendo públicamente y enviando mensajes de confianza.

Cuando esa presencia desaparece, el vacío lo llena la sensación de abandono. Y esa impresión es precisamente la que numerosos medios internacionales consideran que está proyectando España.

Una imagen que perjudica al país

El problema ya no afecta únicamente al Gobierno. También alcanza a la reputación internacional de España.

Las fotografías de embarcaciones llegando a Ceuta, las operaciones de rescate en el Estrecho, los incendios que amenazan municipios enteros y las críticas publicadas en periódicos europeos configuran un relato difícil de contrarrestar. En el exterior no se debate tanto sobre la estrategia política de Sánchez como sobre la capacidad del Estado español para responder a una crisis de gran envergadura.

La percepción internacional importa. Influye en la confianza de los inversores, en la credibilidad de las instituciones y en el peso político de un país dentro de la Unión Europea.

El precio del simbolismo

En política, los símbolos pesan tanto como las decisiones. Una fotografía puede reforzar un liderazgo o debilitarlo.

Mientras miles de agentes, militares, sanitarios y equipos de emergencia trabajan sin descanso para contener la presión migratoria y combatir los incendios, la imagen de un presidente de vacaciones transmite, para muchos observadores, una preocupante falta de sintonía con la realidad que viven los ciudadanos.

Quizá Pedro Sánchez considere que puede dirigir el país desde cualquier lugar. Sin embargo, buena parte de la prensa europea parece haber llegado a otra conclusión: en los momentos de mayor dificultad, los líderes no solo deben gobernar; también deben estar presentes.

Pedro Sánchez evita el viaje del Rey a Ceuta mientras crece el malestar ciudadano contra el felón: abucheos y gritos de «Ceuta no se vende»

Felipe VI

La visita de Pedro Sánchez a Ceuta, en plena crisis migratoria provocada por la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos, estuvo marcada por un clima de enorme tensión. El presidente del Gobierno fue recibido entre abucheos, pitidos, insultos y gritos de «¡dimisión!» y «¡Ceuta no se vende!» a su llegada para reunirse con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas. Diversos vídeos difundidos por medios de comunicación muestran el fuerte rechazo ciudadano que acompañó la visita. 

La indignación de una parte de la población no se dirigía únicamente contra la gestión de la crisis migratoria. También reflejaba el creciente malestar por la decisión del Gobierno de no organizar un desplazamiento del rey Felipe VI a Ceuta, pese a que el propio monarca había expresado públicamente su profunda preocupación por la situación y había mantenido conversaciones con Sánchez, con Vivas y con otras autoridades para conocer la evolución de los acontecimientos. 

La Corona, al margen de la visita

En España corresponde al Gobierno organizar y refrendar la agenda oficial del jefe del Estado. Aunque el Rey manifestó su indignación por lo ocurrido en Ceuta y pidió que se adoptaran medidas para impedir que hechos similares volvieran a repetirse, finalmente no realizó un viaje institucional a la ciudad autónoma. 

Esta ausencia ha sido interpretada por numerosos sectores políticos y sociales como una oportunidad perdida para transmitir un mensaje de respaldo institucional a una ciudad que vive una de las mayores crisis de su historia reciente. Desde posiciones críticas con el Ejecutivo se sostiene que una visita del jefe del Estado habría simbolizado la unidad nacional y el apoyo a los ceutíes en un momento especialmente delicado.

No obstante, el Gobierno no ha explicado públicamente que hubiera prohibido al Rey viajar a Ceuta. Lo que sí consta es que el desplazamiento no fue programado dentro de la agenda oficial del monarca, cuya organización corresponde constitucionalmente al Ejecutivo. 

Una ciudad bajo una presión sin precedentes

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, describió la situación con palabras muy duras, llegando a afirmar que la ciudad había vivido prácticamente "asediada". Según explicó, la presión migratoria desbordó completamente la capacidad de respuesta de una ciudad de apenas 83.000 habitantes, obligada a afrontar una emergencia humanitaria y de seguridad de enormes dimensiones.  

Los servicios de inteligencia españoles concluyen, según las informaciones publicadas, que Marruecos no diseñó previamente la oleada migratoria, pero sí relajó los controles fronterizos y aprovechó políticamente la situación una vez iniciada, reabriendo además el debate sobre Ceuta y Melilla. 

Sánchez, entre la protesta ciudadana

Las imágenes de la llegada del presidente reflejaron un ambiente de enorme tensión. Los asistentes lanzaron consignas como «¡Dimisión!», «¡Fuera!» o «¡Ceuta no se vende!», expresando su descontento con la gestión del Gobierno y reclamando una respuesta más contundente frente a la presión ejercida desde Marruecos. 

Para los críticos del Ejecutivo, la reacción del Gobierno llegó tarde y resultó insuficiente ante una crisis que afectaba directamente a la soberanía española y a la seguridad de una frontera exterior de la Unión Europea. Desde el Gobierno, por el contrario, se ha defendido que la prioridad ha sido restablecer el control de la situación, reforzar la cooperación internacional y coordinar la respuesta con las instituciones europeas. 

La ausencia del Rey en Ceuta seguirá alimentando el debate político. Quienes cuestionan la actuación del Gobierno consideran que la presencia de Felipe VI habría reforzado el mensaje de respaldo institucional a una ciudad sometida a una presión extraordinaria y habría servido para transmitir firmeza ante las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta.

Ceuta: ¿española o marroquí?

Ceuta en la segunda mitad del siglo XVI

La pregunta sobre la soberanía de Ceuta suele resurgir cada vez que se produce una crisis diplomática o migratoria entre España y Marruecos. En los últimos días, el intenso flujo de inmigrantes irregulares hacia la ciudad ha vuelto a colocar este debate en primera línea de la actualidad. Sin embargo, más allá de las tensiones políticas, la respuesta depende de tres planos distintos: la historia, el derecho internacional y la realidad política.

Una ciudad con más de seis siglos de vinculación a España

Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415, en una época en la que el Estado marroquí moderno aún no existía como tal. Cuando las coronas de España y Portugal quedaron unidas bajo Felipe II en 1580, la ciudad pasó a formar parte de la Monarquía Hispánica.

Tras la separación de Portugal en 1640, Ceuta decidió permanecer bajo soberanía española. Esa situación quedó reconocida en el Tratado de Lisboa de 1668, mediante el cual Portugal reconoció definitivamente la soberanía española sobre la ciudad. Desde entonces, Ceuta ha permanecido de forma ininterrumpida bajo administración española. 

El punto de vista de Marruecos

Marruecos sostiene desde la década de 1970 que Ceuta y Melilla constituyen "territorios ocupados" cuya soberanía debería ser transferida al Reino alauí. Para Rabat, la proximidad geográfica y la culminación de la descolonización del norte de África justificarían esa reclamación. 

España rechaza completamente esa tesis. Argumenta que Ceuta no es una colonia, sino una parte integrante del Estado español desde siglos antes del proceso colonial europeo del siglo XIX y mucho antes de la independencia de Marruecos en 1956. 

¿Qué dice el Derecho internacional?

Desde el punto de vista jurídico, la posición española es sólida.

Ceuta no figura en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización elaborada por Naciones Unidas. Además, la ONU nunca ha abierto un proceso específico sobre su soberanía, a diferencia de lo ocurrido con Gibraltar o el Sáhara Occidental. 

La Constitución española de 1978 incluye a Ceuta dentro del territorio nacional y, desde 1995, la ciudad cuenta con un Estatuto de Autonomía que la convierte en Ciudad Autónoma, con instituciones propias similares a las de una comunidad autónoma en determinadas competencias. 

La voluntad de sus habitantes

Otro elemento relevante es la población.

Los habitantes de Ceuta son ciudadanos españoles, eligen representantes en las elecciones nacionales y europeas, poseen Documento Nacional de Identidad español y participan plenamente en las instituciones del Estado.

No existe un movimiento político significativo que reclame la integración de Ceuta en Marruecos. La inmensa mayoría de las fuerzas políticas locales defienden la continuidad de la ciudad dentro de España. 

Una frontera estratégica

Ceuta constituye también una de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Su puerto, su posición en el Estrecho de Gibraltar y su condición de frontera entre Europa y África le confieren una enorme importancia estratégica.

Precisamente por ello, las crisis migratorias suelen adquirir una dimensión internacional. La reciente llegada masiva de inmigrantes ha vuelto a tensar las relaciones entre Madrid y Rabat y ha reabierto el debate sobre el control fronterizo y la cooperación entre ambos países. 

¿Existe alguna posibilidad de cambio?

En la práctica, resulta muy difícil imaginar una modificación de la soberanía de Ceuta.

España considera la ciudad una parte inseparable de su territorio y nunca ha mostrado disposición a negociar su cesión. Marruecos, por su parte, mantiene su reivindicación como una cuestión de política exterior, aunque sin que exista actualmente un proceso internacional encaminado a resolverla.

La comunidad internacional, en general, trata la cuestión como un asunto bilateral entre ambos Estados y no como un caso abierto de descolonización. 

Conclusión

Desde el punto de vista histórico, Ceuta mantiene una vinculación con España de más de cuatro siglos bajo soberanía española y de más de seis siglos dentro de la Monarquía Hispánica.

Desde el punto de vista jurídico, forma parte del territorio español conforme a la Constitución, dispone de un Estatuto de Autonomía y no está considerada por Naciones Unidas un territorio pendiente de descolonización.

Desde el punto de vista político, Marruecos continúa reclamando la ciudad, mientras España rechaza cualquier negociación sobre su soberanía.

Por ello, la respuesta depende del enfoque: para España y conforme al ordenamiento jurídico vigente, Ceuta es una ciudad española; para Marruecos, sigue siendo un territorio cuya soberanía reivindica. Esa discrepancia continúa siendo uno de los asuntos más delicados de las relaciones entre ambos países.

Pedro Sánchez ha convertido una crisis fronteriza en un problema europeo. Las fronteras españolas son también fronteras de la Unión Europea.

El felón es incapaz de proteger España.

El desbordamiento migratorio registrado en la frontera entre Ceuta y Marruecos ha dejado de ser un problema exclusivamente español para convertirse en una cuestión de alcance europeo. 

La llegada masiva de decenas de miles de personas en apenas unos días ha provocado una intensa reacción política en varios Estados miembros de la Unión Europea, donde crecen las dudas sobre la capacidad de España para proteger una de las fronteras exteriores del espacio Schengen. 

La crisis ha adquirido una dimensión internacional después de que distintos gobiernos europeos endurecieran sus posiciones. Italia anunció la suspensión de los controles Schengen con España y otros países, como Francia, reforzaron la vigilancia en sus fronteras. Al mismo tiempo, dirigentes de diversos partidos europeos han reclamado una revisión de la política migratoria española e incluso han planteado la posibilidad de excluir temporalmente a España del espacio Schengen mientras no recupere el control efectivo de sus fronteras. Se trata de propuestas políticas que han generado un intenso debate, aunque no existe actualmente ningún procedimiento en marcha para expulsar a España de Schengen. 

La magnitud del episodio explica la preocupación europea. Entre el 29 y el 31 de julio, unas 40.000 personas cruzaron irregularmente desde Marruecos hacia Ceuta, principalmente bordeando a nado el espigón de El Tarajal o atravesando zonas terrestres de la frontera. La cifra supera ampliamente todos los registros anteriores en esta vía de entrada y ha desbordado la capacidad de acogida de la ciudad autónoma. Además, al menos 57 personas han perdido la vida intentando alcanzar territorio español, lo que añade una grave dimensión humanitaria a la crisis. 

El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que la situación responde a la actuación de redes de tráfico de personas y a la difusión de rumores que alentaron el cruce masivo. El Ejecutivo ha intensificado la cooperación con Marruecos para facilitar las devoluciones y frenar nuevas entradas, al tiempo que insiste en que las fronteras españolas son también fronteras de la Unión Europea. 

Sin embargo, numerosos analistas consideran que la explicación va más allá de la actuación de las mafias. Diversas informaciones apuntan a que la relajación de los controles fronterizos por parte de Marruecos estaría relacionada con las tensiones diplomáticas surgidas tras el reciente acercamiento de España a Argelia y otros asuntos bilaterales pendientes, reproduciendo un patrón similar al vivido durante la crisis migratoria de Ceuta en 2021. 

La oposición española acusa al Ejecutivo de haber reaccionado tarde y de haber transmitido una imagen de debilidad que ha terminado convirtiendo una crisis fronteriza en un problema europeo. Mientras tanto, desde Bruselas aumenta la presión para reforzar los mecanismos comunes de control de las fronteras exteriores y evitar que episodios similares puedan poner en riesgo la libre circulación dentro del espacio Schengen. 

Más allá de la confrontación política, la crisis de Ceuta vuelve a poner de manifiesto la fragilidad de la política migratoria europea. La gestión de las fronteras exteriores continúa dependiendo en gran medida de la colaboración con países terceros, especialmente Marruecos, cuya cooperación resulta decisiva para contener los flujos migratorios. Cuando esa colaboración se resiente, las consecuencias trascienden rápidamente el ámbito nacional y afectan al conjunto de la Unión Europea, reabriendo un debate que combina seguridad, política exterior, derechos humanos y solidaridad entre los Estados miembros. 

Por qué los grandes incendios son cada vez más difíciles de apagar

Incendio en alguna parte de España.

Los grandes incendios forestales ya no se parecen a los de hace unas décadas. Los bomberos hablan cada vez más de incendios de "sexta generación", fuegos tan intensos que llegan a modificar el aire que los rodea, generan sus propios vientos e incluso pueden provocar tormentas. En estas condiciones, apagarlos deja de ser una cuestión de disponer de más aviones o más efectivos: la naturaleza impone unos límites que la tecnología todavía no ha conseguido superar.

El aumento de estos incendios no obedece a una única causa. Es el resultado de la combinación de varios factores que se refuerzan entre sí y convierten muchos bosques en auténticos polvorines.

El cambio climático prolonga la temporada de incendios

Uno de los factores más importantes es el aumento de las temperaturas. Los veranos son más largos y calurosos, las olas de calor se suceden con mayor frecuencia y las sequías reducen la humedad de la vegetación. Árboles, arbustos y pastos se secan antes y permanecen inflamables durante más tiempo.

Los científicos advierten de que la temporada de incendios, que antes se concentraba en unas pocas semanas del verano, se ha extendido prácticamente a todo el año en algunas regiones mediterráneas, California, Canadá o Australia.

Los bosques acumulan más combustible

Paradójicamente, décadas de lucha eficaz contra los pequeños incendios han contribuido a crear un nuevo problema.

Cuando un bosque permanece muchos años sin quemarse, acumula enormes cantidades de ramas secas, matorral y árboles muertos. Ese material constituye un combustible perfecto para alimentar incendios de enorme intensidad.

Además, el abandono de muchas zonas rurales ha reducido actividades tradicionales como el pastoreo, la recogida de leña o el aprovechamiento forestal, que antes ayudaban a mantener limpios los montes.

El viento convierte un incendio en una carrera imposible

El viento sigue siendo uno de los mayores enemigos de los equipos de extinción. Rachas fuertes pueden hacer que un incendio avance varios kilómetros en pocas horas, lanzar brasas a grandes distancias y originar nuevos focos muy por delante del frente principal. Esos incendios secundarios obligan a dispersar los recursos y dificultan enormemente cualquier estrategia de control.

En situaciones extremas, el fuego puede avanzar más deprisa que una persona corriendo.

Los incendios crean su propia meteorología

Los grandes incendios generan un calor tan intenso que el aire asciende rápidamente, creando corrientes que alimentan aún más las llamas.

En ocasiones aparecen enormes columnas de humo y nubes conocidas como pirocúmulos o pirocumulonimbos, capaces de producir rayos, fuertes ráfagas de viento e incluso nuevos incendios provocados por descargas eléctricas.

Cuando un fuego alcanza esta fase, los bomberos reconocen que resulta prácticamente imposible atacarlo de forma directa sin poner en grave riesgo sus vidas.

Los medios aéreos tienen límites

La imagen de hidroaviones descargando miles de litros de agua transmite una sensación de enorme eficacia, pero la realidad es más compleja.

Los aviones y helicópteros son muy útiles para frenar el avance de incendios pequeños o medianos y apoyar a las brigadas terrestres. Sin embargo, cuando las llamas alcanzan decenas de metros de altura, el agua se evapora en parte antes de llegar al suelo y su efecto resulta limitado.

Además, los medios aéreos no pueden operar de noche y muchas veces deben suspender los vuelos por el humo, el viento o la escasa visibilidad.

Más personas viven junto al bosque

Cada vez hay más urbanizaciones, viviendas aisladas y carreteras en zonas forestales. Esta denominada interfaz urbano-forestal obliga a los equipos de emergencia a priorizar la protección de las personas y las viviendas antes que el ataque directo al incendio.

En muchas ocasiones se destinan numerosos recursos a evacuar poblaciones y defender casas, mientras el fuego continúa avanzando por el monte.

¿Se pueden prevenir?

Los especialistas coinciden en que la prevención resulta mucho más eficaz y menos costosa que la extinción. Entre las medidas más importantes destacan:

• Gestionar los bosques eliminando parte del exceso de combustible.
• Recuperar actividades agrícolas y ganaderas que reduzcan la vegetación acumulada.
• Realizar quemas prescritas en condiciones controladas.
• Mejorar la vigilancia y la detección temprana.
• Adaptar las viviendas situadas en zonas forestales para resistir mejor el fuego.
• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a largo plazo.

Una nueva forma de convivir con el fuego

Durante décadas se pensó que cualquier incendio podía apagarse con suficientes medios humanos y materiales. Hoy sabemos que no siempre es así. Cuando un gran incendio alcanza determinada intensidad, deja de ser un problema exclusivamente de extinción y pasa a convertirse en un fenómeno natural de enorme energía.

La experiencia de países como España, Portugal, Grecia, Canadá, Estados Unidos o Australia demuestra que los incendios extremos serán probablemente más frecuentes en las próximas décadas. La prioridad ya no consiste únicamente en apagarlos, sino en impedir que lleguen a alcanzar dimensiones catastróficas.

La mejor estrategia sigue siendo evitar que un pequeño fuego se transforme en un monstruo imposible de controlar. Eso exige una gestión más inteligente de los bosques, una mayor prevención y una sociedad consciente de que convivir con el fuego será uno de los grandes desafíos ambientales del siglo XXI.

Ceuta: Una avalancha masiva de miles de migrantes desborda a las fuerzas de seguridad

Migrantes

El Supremo prohíbe las devoluciones en caliente de los inmigrantes que intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla.

La ciudad autónoma de Ceuta vive una de las mayores crisis migratorias de los últimos años. Durante los últimos días, centenares de personas de origen magrebí han alcanzado territorio español bordeando a nado el espigón de El Tarajal, mientras que al otro lado de la frontera, en la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos), miles de personas permanecen concentradas a la espera de intentar el mismo recorrido. 

Las imágenes de hombres, mujeres y menores lanzándose al mar han vuelto a recordar la grave crisis de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron en apenas unas horas. Sin embargo, las autoridades locales y los cuerpos de seguridad advierten de que la situación actual presenta un elemento nuevo: una reciente sentencia del Tribunal Supremo que modifica de forma importante el marco jurídico aplicable a quienes acceden a Ceuta o Melilla por mar. 

La sentencia del Supremo

El pasado 9 de julio el Tribunal Supremo fijó doctrina sobre una cuestión muy debatida durante años: las denominadas "devoluciones en caliente" no pueden aplicarse a los inmigrantes que llegan nadando desde Marruecos.

La resolución interpreta la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería y concluye que el rechazo inmediato únicamente es posible cuando la entrada irregular se produce superando los elementos físicos de contención fronteriza, como las vallas de Ceuta y Melilla. El mar, sostiene el tribunal, no constituye un elemento de contención equivalente, por lo que quienes son interceptados en el agua deben ser sometidos al procedimiento ordinario de devolución, con todas las garantías legales previstas.

Ello implica, entre otras cuestiones, la identificación individual de cada persona, la apertura del correspondiente expediente administrativo y la posibilidad de asistencia letrada o de solicitar protección internacional cuando proceda. 

La nueva situación jurídica coincide con un fuerte incremento de las llegadas. Los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil denuncian que los agentes trabajan al límite de su capacidad y que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado. Reclaman refuerzos, más medios y una respuesta coordinada del Estado para evitar el colapso operativo.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado al Gobierno la declaración de una situación de emergencia nacional y el establecimiento de un mando único que coordine todos los recursos disponibles. La petición cuenta con un amplio respaldo institucional dentro de la ciudad autónoma, aunque el Ejecutivo central no ha aceptado, por el momento, esa medida.

La crisis vuelve a poner sobre la mesa un debate complejo en España y en la Unión Europea: cómo compatibilizar el control efectivo de las fronteras con el respeto a los derechos y garantías reconocidos por la legislación nacional e internacional.

La sentencia del Tribunal Supremo no impide las devoluciones de quienes entren irregularmente, pero sí establece que, cuando el acceso se produce por mar, esas actuaciones deben tramitarse mediante el procedimiento ordinario previsto en la Ley de Extranjería y no mediante el rechazo inmediato utilizado tradicionalmente en la frontera terrestre. 

Ayuso rechaza las críticas por el ático institucional: «No tengo residencia oficial como sí tienen otros presidentes autonómicos»

Isabel Díaz Ayuso

La compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid para albergar temporalmente la actividad de la Presidencia durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos ha abierto una nueva batalla política entre el Gobierno regional y la oposición. Mientras PSOE y Más Madrid cuestionan el coste y la oportunidad de la operación, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que se está difundiendo una imagen completamente falsa de lo ocurrido y denuncia una «campaña de mala fe» para presentar el inmueble como un lujo personal sufragado con dinero público.

La controversia surgió tras conocerse que el Ejecutivo autonómico había adquirido un inmueble de grandes dimensiones en el distrito madrileño de Chamberí. Desde la oposición se insinuó que la vivienda serviría como residencia de la presidenta durante las obras en la sede del Gobierno regional. Ayuso respondió con contundencia.

«No es mi casa, no es mi residencia y no le han comprado una vivienda a Ayuso», afirmó, insistiendo en que el inmueble tendrá un uso exclusivamente institucional mientras duren las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, edificio que alberga la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Una sede histórica que necesita una rehabilitación integral

La Real Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol, es uno de los edificios más emblemáticos de Madrid y sede del Gobierno autonómico desde mediados de los años ochenta. Según la Comunidad de Madrid, diversos informes técnicos aconsejan acometer una reforma estructural de gran alcance para garantizar la conservación del edificio y permitir su adaptación a las necesidades actuales de funcionamiento.

Durante ese periodo será necesario trasladar parte de la actividad institucional a otra ubicación que permita mantener con normalidad el trabajo de la Presidencia y las reuniones oficiales.

Es en ese contexto donde el Gobierno regional justifica la adquisición del inmueble, que considera una solución operativa para garantizar la continuidad de la actividad institucional.

«Madrid no dispone de una residencia oficial»

Uno de los argumentos más repetidos por Ayuso ha sido recordar una diferencia que, a su juicio, apenas se menciona en el debate público: «No tengo residencia oficial como sí tienen otros presidentes autonómicos.»

Con esta afirmación quiso subrayar que la Comunidad de Madrid no dispone de una vivienda institucional destinada al presidente autonómico, como sí ocurre en algunas otras comunidades. Según la presidenta, presentar el ático como una residencia oficial constituye una interpretación interesada de los hechos.

El Ejecutivo madrileño sostiene que el inmueble no sustituye a la vivienda privada de Ayuso ni será utilizado como domicilio habitual, sino como espacio de representación y trabajo durante el tiempo que permanezca cerrada parcialmente la sede de la Puerta del Sol.

PSOE y Más Madrid han solicitado conocer con detalle el expediente de adquisición, los informes técnicos que avalan la compra y las razones por las que se optó por adquirir un inmueble en lugar de alquilar oficinas mientras duren las obras.

La oposición considera que una operación de este importe merece el máximo nivel de transparencia y control parlamentario, especialmente al tratarse de una adquisición realizada con fondos públicos.

Ayuso habla de una "campaña de desprestigio"

La presidenta madrileña sostiene, sin embargo, que el debate ha sido alimentado mediante informaciones que confunden deliberadamente una oficina institucional con una residencia privada.

A su juicio, se pretende instalar la idea de que la Comunidad de Madrid ha comprado una vivienda de lujo para uso personal de la presidenta, algo que rechaza categóricamente.

Las declaraciones de Ayuso se produjeron, además, en una jornada marcada por la gestión de varios incendios forestales, circunstancia que utilizó para lamentar que una cuestión administrativa hubiera eclipsado otros asuntos que considera de mayor importancia para los ciudadanos.

La polémica refleja una vez más cómo una decisión administrativa puede convertirse en un intenso enfrentamiento político. Para el Gobierno madrileño, la adquisición responde a una necesidad derivada de unas obras inevitables en la sede institucional. Para la oposición, en cambio, el Ejecutivo aún debe justificar con mayor claridad el coste de la operación y demostrar que era la alternativa más adecuada.

Probablemente el debate no se cerrará hasta que se conozca con detalle toda la documentación relativa a la compra. Mientras tanto, la discusión seguirá moviéndose entre dos interpretaciones opuestas: la de quienes consideran que se trata simplemente de una solución logística para mantener el funcionamiento de la Presidencia y la de quienes creen que la operación exige explicaciones mucho más exhaustivas.

García-Page rompe el silencio: «Ser militante no significa ser cómplice»

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a marcar distancias con la dirección del PSOE en uno de los momentos más delicados para el partido. Sus declaraciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero no solo reflejan una profunda inquietud personal, sino que evidencian que las dudas sobre el expresidente ya no proceden únicamente de la oposición o de los medios de comunicación, sino también de destacados dirigentes socialistas. 

En una entrevista concedida este miércoles a la Cadena SER, García-Page admitió que las explicaciones ofrecidas por Zapatero en las últimas semanas no le han convencido. «Tengo muchas dudas», afirmó, añadiendo que la incertidumbre es precisamente lo que más le preocupa.

El dirigente castellanomanchego recordó que conoció de cerca a Zapatero durante su etapa al frente del Gobierno y que siempre creyó que carecía de cualquier ambición económica. Precisamente por esa imagen previa, reconoció que las informaciones conocidas recientemente le resultan especialmente dolorosas. Sin embargo, dejó claro que la amistad o la militancia no pueden sustituir a un juicio crítico sobre los hechos. 

«No me convence su relato»

Una de las frases que más repercusión ha tenido fue su afirmación de que «no me ha convencido su relato». Page evitó realizar una condena anticipada y defendió que corresponde a la Justicia esclarecer lo ocurrido, pero insistió en que las explicaciones públicas dadas hasta ahora no han disipado sus dudas.

Según explicó, «lo peor es la duda». Si todo resultara falso, dijo, sentiría tranquilidad; si todo fuera cierto, la situación sería muy grave, pero también estaría clara. Lo verdaderamente inquietante, en su opinión, es la incertidumbre que rodea al caso. 

«Ser militante no significa ser cómplice»

La frase más contundente de la entrevista fue, probablemente, la que resume toda su posición política: «Ser militante no significa ser cómplice.»

Con estas palabras, García-Page rechazó la idea de cerrar filas automáticamente con cualquier dirigente del partido simplemente por compartir militancia. A su juicio, negar las dudas que suscitan las informaciones conocidas supondría caer en un «fanatismo» o un «sectarismo de partido» incompatible con una actitud responsable. 

El mensaje tiene una evidente carga política. En un momento en que algunos dirigentes socialistas han optado por respaldar públicamente a Zapatero, Page reivindica el derecho —e incluso el deber— de mantener una posición crítica mientras los hechos son investigados.

Un consejo para el expresidente

Lejos de limitarse a expresar dudas, el presidente castellano-manchego ofreció también un consejo al expresidente del Gobierno: abandonar la batalla mediática y concentrar todos sus esfuerzos en la estrategia judicial.

A su juicio, cuando existen investigaciones y acusaciones de tanta gravedad, resulta prácticamente imposible convencer a la opinión pública mediante entrevistas o comparecencias. La prioridad, sostuvo, debe ser defenderse ante los tribunales, donde finalmente se determinarán las responsabilidades que puedan existir. 

Un síntoma del momento que vive el PSOE

Las palabras de Emiliano García-Page tienen una relevancia que trasciende el caso concreto de Zapatero. Reflejan la existencia de un debate interno sobre cómo debe reaccionar el PSOE cuando uno de sus referentes históricos se ve envuelto en informaciones controvertidas.

Su mensaje es sencillo, pero políticamente significativo: la lealtad a un partido no obliga a renunciar al espíritu crítico. Al contrario, sostiene que una organización democrática solo preserva su credibilidad cuando es capaz de distinguir entre la solidaridad personal y la exigencia de responsabilidades.

Con su afirmación de que «ser militante no significa ser cómplice», García-Page ha fijado una posición que probablemente seguirá alimentando el debate interno del socialismo español mientras continúen las investigaciones y se esclarezcan los hechos. 

Zapatero, políticamente acabado

ZP

Diversas informaciones publicadas en los últimos días sostienen que Zapatero ha reconocido en conversaciones con personas de su máxima confianza que se siente «políticamente acabado». No sería una confesión menor. Quien durante años ejerció como consejero discreto, mediador internacional y figura de referencia dentro del socialismo afrontaría ahora la posibilidad de haber perdido el prestigio que le permitía influir en la vida política española. 

El deterioro de su imagen no responde únicamente a las investigaciones judiciales que le afectan. En política, la percepción suele ser tan importante como los procedimientos. La acumulación de informaciones sobre el caso Plus Ultra, las declaraciones de antiguos colaboradores y las dudas surgidas en torno a su patrimonio han erosionado gravemente la credibilidad de quien durante años hizo de la ética pública una de sus principales banderas.

Lo más significativo es que el desgaste ya no procede únicamente de la oposición. También han aparecido voces críticas dentro del espacio de la izquierda. El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, llegó a afirmar públicamente que se sentía «sumamente defraudado» por las explicaciones ofrecidas por el expresidente, reclamando además mayores controles sobre las actividades privadas de los antiguos jefes del Ejecutivo. 

En el PSOE la situación resulta especialmente delicada. Romper con Zapatero supondría cuestionar una parte importante de la historia reciente del partido. Mantenerle como símbolo, en cambio, implica asumir el coste político que generan las investigaciones y las noticias que aparecen casi a diario. Ese difícil equilibrio explica el nerviosismo que distintas crónicas describen en el seno de la organización socialista. 

Durante mucho tiempo, Zapatero fue presentado como el rostro amable de la socialdemocracia española: el impulsor de importantes reformas sociales, un político dialogante y un referente para buena parte del progresismo. Incluso hoy siguen existiendo dirigentes e intelectuales que expresan públicamente su admiración por él, prueba de que conserva apoyos en determinados sectores. 

Pero la autoridad moral es un patrimonio especialmente frágil. Puede construirse durante décadas y desmoronarse en cuestión de semanas. Cuando un dirigente basa buena parte de su prestigio en la ejemplaridad, cualquier sospecha sobre su conducta tiene un efecto devastador, incluso antes de que concluyan los procesos judiciales.

La Justicia será quien determine las posibles responsabilidades penales de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa es una cuestión que corresponde exclusivamente a los tribunales. Sin embargo, el juicio político ya está teniendo lugar. Y ese juicio se libra cada día en la opinión pública, en los medios de comunicación y dentro de su propio espacio político.

Si realmente ha confesado sentirse «políticamente acabado», quizá no esté describiendo solo su situación personal. Estaría reconociendo que el poder más difícil de recuperar no es el institucional, sino la confianza. Porque un dirigente puede perder unas elecciones y volver años después. Lo verdaderamente complicado es reconstruir la autoridad moral una vez que se ha quebrado.

La inversión extranjera en España ha caído a la mitad con Sánchez de presidente

Pedro

Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018, la inversión extranjera directa ha mostrado un comportamiento mucho más débil que en etapas anteriores. Según diversos análisis basados en los datos del Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio, España ha dejado de captar alrededor de 26.400 millones de euros de capital internacional en los últimos siete años, lo que supone una reducción cercana al 50 % respecto a los niveles previos. 

Conviene aclarar que la inversión extranjera fluctúa cada año por operaciones empresariales de gran tamaño. Sin embargo, cuando la tendencia se prolonga durante varios ejercicios, deja de ser una simple oscilación estadística para convertirse en un indicador económico relevante.

¿Por qué importa?

La inversión extranjera no consiste únicamente en movimientos financieros. Detrás de ella suelen encontrarse nuevas fábricas, centros logísticos, laboratorios de investigación, oficinas tecnológicas y miles de puestos de trabajo.

Cuando una multinacional decide instalarse en España, no solo aporta capital. También introduce tecnología, conocimiento, proveedores y oportunidades para empresas nacionales. Si ese dinero termina marchándose a otros países, España pierde competitividad y posibilidades de crecimiento.

Las razones que señalan los analistas

No existe una única explicación, pero numerosos informes empresariales y económicos apuntan a varios factores:

• La inseguridad regulatoria y los frecuentes cambios normativos.
• La elevada presión fiscal sobre empresas e inversores.
• La incertidumbre política derivada de la fragmentación parlamentaria.
• El aumento de los costes laborales y burocráticos.
• Un entorno internacional cada vez más competitivo, donde muchos países ofrecen mejores incentivos para atraer inversión. 

Es evidente que algunos de estos factores también afectan a otros países europeos. Sin embargo, las empresas internacionales comparan continuamente dónde resulta más atractivo invertir.

Un dato que merece reflexión

Más allá del debate político, la cuestión esencial es sencilla: cuando disminuye la inversión extranjera, disminuyen también las oportunidades de crear riqueza y empleo.

Los inversores no votan en las elecciones españolas. Tampoco participan en los debates parlamentarios. Simplemente observan el panorama económico, comparan países y llevan su dinero allí donde consideran que existen más seguridad jurídica, estabilidad y perspectivas de rentabilidad.

Y esa es quizá la lección más importante. La confianza tarda muchos años en construirse, pero puede empezar a perderse mucho antes de que las estadísticas lo reflejen plenamente.

Zapatero aterrado con la tasación de sus joyas: el valor podría dispararse hasta los diez millones de euros

Zapajoyas

La investigación sobre las joyas halladas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero acaba de entrar en una nueva fase. Si la primera tasación, realizada por la histórica joyería Ansorena con la colaboración del Instituto Gemológico Español, situó el valor del conjunto en torno a 1,3 millones de euros, la Fiscalía Anticorrupción considera que esa cifra podría estar muy lejos del valor real de mercado.

Por ese motivo ha solicitado al juez José Luis Calama un informe pericial ampliatorio que determine no solo la antigüedad de las piezas, sino también su auténtico precio en el mercado internacional. La razón es sencilla: la primera valoración se habría realizado tomando como referencia el valor de reposición de los metales y piedras preciosas, sin incorporar el trabajo de joyería, el diseño, la exclusividad de determinadas piezas ni el margen comercial habitual.

Si esa hipótesis se confirma, el incremento podría ser espectacular.

Diversos expertos del sector joyero ya habían advertido hace meses de que algunas de las piezas descritas en el inventario judicial pertenecen a una categoría extraordinariamente exclusiva. Solo un collar con catorce zafiros en talla pera podría alcanzar cifras millonarias si las gemas fueran de calidad excepcional. Según estas valoraciones, una colección semejante podría situarse muy por encima del millón inicialmente calculado y acercarse, en el escenario más favorable para las piezas, a varios millones de euros.

No resulta extraño, por tanto, que Zapatero haya cuestionado desde el primer momento la tasación oficial y anunciara que presentará una pericial alternativa. También ha insistido en que las joyas eran un "regalo de cortesía personal" recibido hace muchos años y que nunca tuvieron una finalidad patrimonial, una explicación que hasta ahora no ha ido acompañada de documentación que acredite su procedencia ni de una identificación del país o de las personas que realizaron esos obsequios.

El problema para el expresidente no reside únicamente en el valor económico.

Cuanto mayor sea la valoración definitiva, mayor será la importancia jurídica de acreditar el origen de las piezas, la fecha en que fueron recibidas y el tratamiento fiscal que debieron tener en su momento. Precisamente por ello la Fiscalía quiere conocer cuándo fueron fabricadas y cuál sería hoy su valor real de mercado, datos que podrían resultar determinantes para la investigación.

Desde el punto de vista político, el caso presenta además una evidente contradicción. Fue durante el Gobierno de Zapatero cuando se reforzó el Código de Buen Gobierno que establece que los altos cargos deben rechazar regalos que puedan comprometer su independencia o excedan los usos de cortesía institucional. La defensa basada precisamente en que las joyas fueron una "cortesía personal" ha abierto un intenso debate sobre la coherencia entre aquel código ético y la conducta que ahora describe el propio expresidente.

La Justicia será quien determine finalmente si existe o no responsabilidad penal o fiscal. Mientras tanto, la nueva tasación puede convertirse en una de las pruebas más relevantes de toda la investigación. Si el valor definitivo se aproxima a las estimaciones más elevadas manejadas por algunos especialistas, el debate dejará de girar únicamente sobre la existencia de unas joyas y pasará a centrarse en una pregunta mucho más incómoda: ¿cómo pudo permanecer durante tantos años sin una explicación convincente un patrimonio de semejante magnitud?

El hundimiento de Zapatero siembra el desconcierto en el electorado socialista

Zapate

Durante años, José Luis Rodríguez Zapatero fue uno de los grandes activos políticos del PSOE. Incluso después de abandonar La Moncloa, conservó una influencia notable dentro del partido, actuando como mediador internacional, consejero político y referente para amplios sectores del socialismo español. Esa imagen de dirigente respetado es la que hoy atraviesa su momento más delicado.

Las investigaciones judiciales relacionadas con el rescate de Plus Ultra y las declaraciones del empresario Julio Martínez han situado al expresidente en el centro de una tormenta política que no deja de crecer. En los últimos días, Martínez ha ratificado ante el juez que Zapatero desempeñó un papel relevante en las gestiones del rescate, mientras el Gobierno y la dirección del PSOE mantienen públicamente su respaldo y apelan a la presunción de inocencia. 

Conviene recordar un principio esencial de cualquier Estado de derecho: una imputación no equivale a una condena. Será la Justicia quien determine los hechos y las responsabilidades que puedan existir. Sin embargo, la política no funciona únicamente con sentencias judiciales. También depende de la confianza de los ciudadanos, y esa confianza puede deteriorarse mucho antes de que termine un procedimiento.

Ese es precisamente el problema que afronta hoy el PSOE.

Cada nueva información, cada comparecencia judicial y cada silencio alimentan una sensación de incertidumbre entre muchos votantes socialistas. No se trata únicamente de la posible responsabilidad penal de un expresidente. Lo que está en juego es la credibilidad de un proyecto político que ha presentado durante décadas la regeneración democrática como una de sus principales banderas.

El Gobierno ha optado por cerrar filas con Zapatero. La dirección socialista insiste en la presunción de inocencia y sostiene que el expresidente podrá demostrar que las acusaciones carecen de fundamento. Esa estrategia puede entenderse desde la lógica de la lealtad política, pero también entraña riesgos. Si la investigación judicial siguiera avanzando en una dirección desfavorable, el coste para el partido podría multiplicarse. 

La historia política española demuestra que los grandes partidos suelen sufrir más por la percepción de que intentan proteger a los suyos que por los propios procedimientos judiciales. Cuando la ciudadanía percibe que las explicaciones llegan tarde, son incompletas o se sustituyen por consignas, aparece el desconcierto. Y el desconcierto suele ser el primer paso hacia la pérdida de confianza.

Muchos votantes socialistas no saben hoy qué pensar. Algunos continúan convencidos de la inocencia de Zapatero. Otros prefieren esperar a que hablen los tribunales. Y no faltan quienes empiezan a preguntarse si el partido está pagando un precio demasiado alto por identificar su defensa con la de un dirigente concreto.

Ese clima de incertidumbre resulta especialmente delicado para un electorado que tradicionalmente ha exigido altos estándares éticos a sus representantes. La izquierda española ha construido buena parte de su discurso sobre la ejemplaridad en la vida pública. Cuando uno de sus referentes históricos queda envuelto en un proceso judicial de tanta repercusión, la contradicción entre el discurso y la realidad se convierte en un problema político de primer orden.

La política democrática necesita algo más que legalidad. Necesita confianza. Y la confianza exige transparencia, explicaciones convincentes y la disposición a asumir responsabilidades cuando corresponda.

Quizá la mayor dificultad para el PSOE no sea la evolución del procedimiento judicial, sino la erosión silenciosa que producen las dudas. Porque las dudas no movilizan; desaniman. No fortalecen la fidelidad electoral; la debilitan. Y cuando un partido pierde la confianza de quienes siempre le apoyaron, recuperar ese vínculo resulta mucho más difícil que conservarlo.

La Justicia tendrá la última palabra sobre los hechos. Los ciudadanos, como siempre ocurre en democracia, tendrán la última palabra sobre las consecuencias políticas.

Conversaciones con Franco – Capítulo 15 – Fe católica de Franco y servicio a la República anticatólica

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Esta serie es una obra de ficción. Las respuestas atribuidas a Francisco Franco son recreaciones literarias basadas en su personalidad pública, sus discursos y el contexto histórico, y no corresponden a declaraciones reales.

Yo: Mi general, usted fue ascendido a general de brigada en febrero de 1926, con solo treinta y tres años, convirtiéndose en el general más joven de Europa tras su actuación en la Guerra del Rif. Cuando se proclamó la Segunda República, en abril de 1931, ya llevaba cinco años con ese empleo y era uno de los oficiales de mayor prestigio del Ejército español. En 1935 fue nombrado Jefe del Estado Mayor Central, el cargo militar más importante del país.

Sin embargo, muchos historiadores sostienen que durante aquellos años usted aceptó servir con absoluta normalidad a un régimen que impulsaba una política laicista y que mantenía una relación cada vez más hostil con la Iglesia. Paul Preston, por ejemplo, afirma que su catolicismo público solo adquirió verdadera intensidad durante la Guerra Civil, cuando el conflicto fue presentado como una cruzada religiosa. Stanley Payne, por el contrario, lo describe entonces como un militar pragmático, disciplinado y poco dado a exhibir sus convicciones religiosas.

Visto desde hoy, resulta inevitable preguntarse si existe una contradicción entre el Franco que sirvió lealmente a la República entre 1931 y 1936 y el Franco que, después del alzamiento, se presentó como defensor de la España católica.

¿Era usted ya un católico convencido que subordinó sus creencias al deber militar, o su fe fue evolucionando al ritmo de los acontecimientos?

Franco: Comprendo que esa duda pueda surgir, porque muchos confunden la discreción con la ausencia de convicciones. No todos los hombres viven la fe del mismo modo. Hay quienes la exhiben y quienes la guardan para su conciencia. Yo nunca fui hombre de exteriorizar sentimientos, ni religiosos ni de ninguna otra clase. Mi carácter era reservado, y así permaneció toda mi vida.

Cuando se proclamó la República, mi deber como militar no consistía en decidir qué forma de gobierno prefería España, sino en servir a la nación bajo la autoridad legalmente constituida. Los soldados no juran fidelidad a una ideología, sino a España. Mientras el Estado mantuvo una apariencia de legalidad y el Ejército conservó su función esencial, entendí que mi obligación era obedecer.

Otra cuestión muy distinta es que compartiera las políticas anticlericales que comenzaron a desarrollarse. Nunca las compartí. Me produjeron una profunda preocupación, como también me inquietaban el desorden creciente, la violencia política y el deterioro de la autoridad del Estado. Pero una cosa es discrepar y otra muy distinta levantarse en armas. Un militar responsable no recurre a la insurrección porque un gobierno apruebe leyes que considera equivocadas.

Se ha dicho que mi catolicismo nació durante la Guerra Civil. No es cierto. Lo que ocurrió fue que la persecución religiosa hizo visible una realidad que muchos prefirieron ignorar. Miles de sacerdotes, religiosos y seglares fueron asesinados únicamente por profesar su fe. Ante semejante tragedia, era imposible que la dimensión religiosa permaneciera en un segundo plano.

¿Influyó mi esposa en mi vida espiritual? Naturalmente. Carmen era una mujer profundamente creyente y su ejemplo reforzó muchas de mis convicciones. Pero atribuirle mi fe sería una simplificación. La religión formaba parte de mi educación, de mi familia y de la España en la que crecí.

Algunos historiadores me presentan como un calculador que utilizó la religión por conveniencia política. No me sorprende. Cada generación interpreta el pasado desde sus propias ideas. Sin embargo, quienes convivieron conmigo sabían que jamás fui un hombre dado a los gestos teatrales. Mi forma de vivir la religión fue siempre sobria y poco exhibicionista.

La verdadera cuestión no es si yo rezaba más o menos antes de 1936. La cuestión es otra: ¿qué debía hacer un militar cuando veía que el Estado dejaba de garantizar el orden, la seguridad y la libertad religiosa de millones de españoles? Esa fue la pregunta que terminó imponiéndose sobre todas las demás. Y esa pregunta, más que mi vida privada, es la que explica las decisiones que tomé a partir de julio de 1936.

Zapatero: Las joyas que aparecieron en su caja fuerte se metieron solas, sin ayuda de nadie

Jesusito de mi vida, eres niño como yo...

José Luis Rodríguez Zapatero asegura que las joyas halladas en su caja fuerte «no tenían ni uso ni destino, ni afán patrimonial. Estaban ahí y nada más».

Es una explicación sorprendente. Solo le falta añadir que las joyas entraron ellas solas en la caja fuerte, sin ayuda de nadie. O que ya venían incluidas cuando compró la caja, como quien adquiere un electrodoméstico con accesorios de regalo.

Hay frases que, en lugar de aclarar los hechos, los vuelven aún más inverosímiles. Decir que unas joyas de gran valor «estaban ahí y nada más» equivale a convertir un objeto que exige un origen, un propietario y una finalidad en un simple elemento decorativo, como si hubiera aparecido por generación espontánea.

La política española lleva demasiado tiempo acostumbrándonos a explicaciones de este tipo. El dinero aparece sin dueño, los favores sin beneficiarios, las reuniones sin contenido y las joyas sin historia. Todo sucede, pero nadie sabe cómo ni por qué.

Quizá el verdadero problema no sea la explicación en sí, sino la confianza con la que se ofrece. Porque parece partir de una premisa inquietante: que los ciudadanos aceptarán cualquier relato, por absurdo que resulte, siempre que se pronuncie con suficiente solemnidad.

La realidad, sin embargo, tiene una mala costumbre: hacer preguntas. Y las preguntas siguen ahí, aunque algunos pretendan que las respuestas también «estaban ahí y nada más».

Conversaciones con Franco – Capítulo 14 – La nostalgia del franquismo entre los jóvenes

Franco

Esta serie es una obra de ficción. Las respuestas atribuidas a Francisco Franco son recreaciones literarias basadas en su personalidad pública, sus discursos y el contexto histórico, y no corresponden a declaraciones reales.

Yo: Mi general, en España está ocurriendo algo que desconcierta a sociólogos, historiadores y analistas políticos. Cada vez son más los estudios que detectan entre una parte de la juventud una cierta nostalgia del franquismo o, al menos, una visión mucho menos crítica de aquella época. Resulta paradójico sentir nostalgia de un tiempo que nunca se ha vivido. La nostalgia suele pertenecer a la memoria; aquí, en cambio, parece pertenecer a la imaginación.

Yo viví una parte importante de su régimen y, sin embargo, no siento nostalgia de él. Tampoco creo que un fenómeno histórico de semejante magnitud pueda repetirse. Pero sí debo reconocer una cosa: la evolución de la izquierda española me ha obligado a revisar muchos de mis propios prejuicios. No me ha llevado a idealizar el franquismo, pero sí a preguntarme hasta qué punto el relato que durante décadas se ha construido sobre usted ha estado condicionado por la propaganda, el sectarismo o la necesidad política de convertirle en el símbolo absoluto de todos los males de España.

Sin embargo, aunque la inmensa mayoría de los jóvenes continúa respaldando el sistema democrático, las encuestas muestran un fenómeno inquietante: entre un 18 % y un 19 % de los jóvenes de entre 18 y 26 años califican los años de su régimen como "buenos" o "muy buenos", y alrededor de una cuarta parte de los hombres de la Generación Z considera que, en determinadas circunstancias, un gobierno autoritario podría ser preferible a una democracia.

Los especialistas suelen señalar tres causas principales.

La primera es la frustración económica. La dificultad para acceder a una vivienda, la precariedad laboral y la sensación de que el esfuerzo ya no garantiza un futuro hacen que muchos idealicen un pasado resumido en consignas como "había pleno empleo", "un obrero podía comprarse una casa" o "existía orden y seguridad". No buscan tanto volver al franquismo como escapar de un presente que les decepciona.

La segunda es el impacto de las redes sociales, donde el cuestionamiento del consenso democrático se presenta con frecuencia como un gesto de rebeldía frente a lo políticamente correcto. En ese universo digital, los matices desaparecen y las soluciones simples resultan mucho más seductoras que las explicaciones complejas.

La tercera es el preocupante desconocimiento de la historia reciente. Diversos estudios revelan que muchos estudiantes terminan la enseñanza secundaria con enormes lagunas sobre la España del siglo XX. Quien desconoce las restricciones de las libertades, la censura o los aspectos más duros de cualquier régimen político es mucho más vulnerable a los relatos idealizados que circulan por Internet.

En el fondo, este fenómeno parece decir más sobre el presente que sobre el pasado. Cuando casi siete de cada diez jóvenes manifiestan una profunda insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, algunos terminan buscando respuestas en épocas que apenas conocen. El pasado deja entonces de ser historia para convertirse en refugio imaginario.

Mi padre salió de la pobreza y alcanzó una estabilidad económica que siempre atribuyó al orden que, según él, trajo su régimen tras el caos de la Segunda República. Yo pude estudiar en uno de los mejores colegios de mi ciudad, fui a la universidad, leí mucho pese a la censura, escribí bastante —aunque publiqué poco—, formé una familia, tuve una vivienda propia y disfruté del privilegio de criar a tres hijos a los que quiero profundamente, aunque hoy apenas me hagan caso.

Mi general, ¿cómo interpreta usted que tantos jóvenes, que nunca vivieron su régimen, parezcan contemplarlo con más curiosidad e incluso con menos rechazo que quienes sí lo conocieron? ¿Es un juicio sobre su gobierno o, sobre todo, una severa condena del fracaso de la España actual?

Franco: La historia tiene una costumbre que desespera a los ideólogos: termina desobedeciendo sus consignas. Cuando un régimen necesita recordar todos los días que fue el vencedor moral de la historia, es porque empieza a sospechar que ha dejado de convencer.

No creo que esos jóvenes sientan nostalgia de mi gobierno. Nadie puede añorar lo que no ha vivido. Lo que sienten es decepción con el presente. Y cuando el presente decepciona, el pasado comienza a contemplarse con otros ojos.

Durante décadas bastó con pronunciar mi nombre para cerrar cualquier debate. Era suficiente llamarle a uno franquista para descalificarlo sin necesidad de responder a sus argumentos. Mientras España prosperaba, ese método funcionó. Pero cuando los jóvenes descubren que, pese a tantos años de democracia, les cuesta independizarse, formar una familia o encontrar un horizonte estable, empiezan a hacer preguntas que antes nadie se atrevía a formular.

No buscan necesariamente la verdad sobre mi régimen. Buscan una explicación de por qué su vida parece más difícil que la de sus padres o sus abuelos.

Cometen, sin embargo, un error si creen que todos los problemas tienen soluciones autoritarias. Ningún gobierno, por fuerte que sea, puede sustituir el esfuerzo, la responsabilidad o el sentido moral de una nación. El orden sin justicia degenera; la libertad sin orden también.

Me habla usted de adoctrinamiento. Todo poder intenta escribir su propio relato. Eso ocurrió antes de mi gobierno, durante él y después de él. Lo verdaderamente importante no es qué versión enseñe el Estado, sino que existan ciudadanos capaces de pensar por sí mismos. Una sociedad que solo admite una interpretación del pasado acaba perdiendo también la libertad de interpretar el presente.

No me preocupa que la historia me absuelva ni que me condene. Eso pertenece a los historiadores. Me preocuparía mucho más que España perdiera la capacidad de debatir serenamente sobre su propia historia. Cuando una nación convierte el pasado en un dogma, deja de aprender de él.

Si algunos jóvenes me observan hoy con menos prejuicios que sus mayores, no es porque yo haya cambiado. Soy el mismo hombre que murió en 1975. Lo que ha cambiado es la España desde la que me contemplan. Y, a veces, un presente mal gobernado se convierte en el mejor propagandista de un pasado que creían definitivamente enterrado.

No obstante, les diría una cosa a esos jóvenes: no idealicen ninguna época, tampoco la mía. Todos los tiempos tienen sus luces y sus sombras. Gobernar consiste en elegir entre males imperfectos, no en construir paraísos. Si de verdad quieren servir a España, estudien la historia completa, sin mitos y sin odios. Solo así evitarán repetir los errores de quienes creyeron que la propaganda podía sustituir a la verdad. 

Zapatero, además de delincuente, es un mal padre

Un mal padre.

Hay noticias que trascienden el ámbito judicial y penetran en un terreno mucho más íntimo: el de la responsabilidad moral. La última revelación de Julio Martínez, según la cual las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero habrían seguido cobrando durante tres años a través de la empresa Whathefav sin prestar ya los servicios inicialmente contratados, no solo plantea interrogantes legales que deberán ser esclarecidos por los tribunales. Plantea, sobre todo, una pregunta humana: ¿qué padre coloca a sus hijas en una situación así? 

Un buen padre no utiliza a sus hijos como escudo, ni como intermediarios, ni como receptores de dinero cuya justificación pueda acabar siendo cuestionada. 

Un buen padre procura que sus hijos construyan su prestigio con esfuerzo propio, que puedan mirar a los demás a los ojos sin depender del apellido que llevan ni de la influencia de quien se lo dio.

El mayor patrimonio que puede dejar un padre no es una cuenta corriente ni una empresa. Es un nombre limpio. Una reputación que no obligue a los hijos a pasar por juzgados ni a explicar ante nadie por qué cobraban o dejaban de cobrar. Ese patrimonio moral vale infinitamente más que cualquier transferencia bancaria.

Naturalmente, toda persona investigada tiene derecho a la presunción de inocencia, y serán los jueces quienes determinen qué ocurrió realmente y si existió o no responsabilidad penal. Pero la responsabilidad ética sigue otro camino. Hay conductas que, aun siendo legales, son profundamente equivocadas. Y si además terminan bajo el foco de una investigación judicial, el daño familiar resulta todavía mayor. 

Siempre he pensado que la primera obligación de un padre consiste en proteger a sus hijos, incluso de uno mismo. Especialmente cuando se ocupa una posición de poder o de influencia. Porque el poder es pasajero; las consecuencias para la familia pueden durar toda la vida.

Cuando un hijo alcanza una meta gracias a su trabajo, el padre siente un orgullo legítimo. Cuando la sospecha es que el mérito ha sido sustituido por la cercanía al poder, ese orgullo se transforma en una pesada carga. Nadie merece heredar ese peso.

No conozco mayor acto de amor paterno que enseñar a un hijo a caminar solo, aunque tropiece. Lo contrario —abrirle puertas que nunca debieron abrirse o convertirlo en parte de un entramado que luego termina siendo investigado— no es un privilegio. Es una forma de hipotecar su futuro.

Los padres estamos para transmitir valores, no para comprometer el porvenir de nuestros hijos. Porque el dinero se gasta. La influencia desaparece. Pero la dignidad, cuando se pierde, cuesta generaciones recuperarla.

Zapatero, hundido: Julio Martínez Martínez ha decidido colaborar sin reservas con la Justicia

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José Luis Rodríguez Zapatero atraviesa uno de los momentos más delicados de su trayectoria pública. Durante años ha negado cualquier participación impropia en los negocios y relaciones que distintos medios han vinculado a su entorno con el régimen venezolano. Sin embargo, el escenario ha cambiado de manera radical.

Si las informaciones conocidas en los últimos días se confirman judicialmente, el auténtico terremoto no procede de la oposición política ni de las investigaciones periodísticas, sino de quien habría sido una de las personas de su máxima confianza: Julio Martínez Martínez, conocido como "Julito".

La decisión de colaborar con la Justicia supone un cambio de enorme trascendencia. Cuando alguien que ha estado dentro de un entramado decide hablar, el problema ya no consiste únicamente en la documentación que pueda existir, sino en la capacidad de explicar el contexto, las conversaciones, las decisiones y los nombres. Es entonces cuando los muros de contención empiezan a resquebrajarse.

Durante mucho tiempo, Zapatero ha cultivado una imagen de mediador internacional, especialmente en relación con Venezuela. Sus defensores presentan esa actividad como un ejercicio de diplomacia; sus críticos sostienen que fue mucho más que eso y que existieron intereses económicos y políticos difíciles de justificar. Será la Justicia quien deba determinar dónde termina la actividad política legítima y dónde comienza una eventual responsabilidad penal.

Lo verdaderamente significativo es que el supuesto cortafuegos construido para proteger determinadas actuaciones parece haber dejado de funcionar. Ninguna estrategia de comunicación puede resistir indefinidamente cuando quienes conocen los hechos desde dentro deciden contar su versión.

La política enseña una lección que rara vez falla: los grandes escándalos no suelen derrumbarse por las acusaciones externas, sino por las confesiones internas. Los adversarios pueden sospechar; quien estuvo sentado en la mesa puede explicar cómo se desarrollaron realmente los acontecimientos.

Si la colaboración anunciada aporta información sólida y verificable, Zapatero podría enfrentarse no solo a un enorme desgaste reputacional, sino a una revisión completa de uno de los capítulos más controvertidos de su trayectoria pública.

Hay momentos en que un imperio de silencios se derrumba con una sola declaración. Si ese momento ha llegado, no serán los discursos quienes determinen el desenlace, sino los hechos, las pruebas y las resoluciones judiciales.

Porque la verdad tiene una costumbre incómoda: puede demorarse durante años, pero cuando encuentra una voz dispuesta a contarla resulta extraordinariamente difícil volver a encerrarla.

El presidente de Plus Ultra implica a Zapatero en las gestiones para el rescate de la aerolínea

Rodríguez Zapatero

Toda investigación judicial tiene un momento decisivo: aquel en el que dejan de hablar los adversarios políticos y empiezan a hablar quienes participaron directamente en los hechos. Eso es lo que parece estar ocurriendo en el caso del rescate de Plus Ultra.

Los escritos presentados ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por dos altos directivos de la compañía constituyen un giro de enorme relevancia. Según esas declaraciones, José Luis Rodríguez Zapatero no habría sido un simple observador ajeno a la operación, sino una persona implicada en las gestiones que desembocaron en la concesión de los 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Ambos directivos afirman que el expresidente se ofreció a ayudar, puso a un colaborador de su confianza al frente de las gestiones y que se abonaron comisiones equivalentes al 1 % del importe del rescate a sociedades vinculadas con ese intermediario. 

Naturalmente, una declaración judicial no equivale a una condena. Corresponde a los jueces comprobar la veracidad de esas afirmaciones y determinar si existieron o no delitos. La presunción de inocencia sigue siendo un principio irrenunciable en un Estado de Derecho.

Sin embargo, tampoco puede ignorarse el alcance político de estas revelaciones. Cuando son los propios protagonistas quienes contradicen la versión mantenida durante años, el problema deja de ser exclusivamente judicial y pasa a ser también de credibilidad. La defensa pública de Zapatero se apoyaba en negar cualquier intervención relevante. Si quienes dirigían la empresa sostienen ahora exactamente lo contrario, esa defensa queda seriamente erosionada. 

El caso resulta especialmente delicado porque el rescate de Plus Ultra fue, desde el principio, una de las decisiones más controvertidas adoptadas durante la pandemia. Muchos ciudadanos se preguntaron cómo una aerolínea con una presencia tan reducida en el mercado español podía ser considerada "estratégica" y recibir una ayuda millonaria mientras miles de pequeñas y medianas empresas desaparecían sin recibir un trato semejante. Aquellas dudas, lejos de disiparse, parecen haberse intensificado con las nuevas declaraciones.

Más allá del desenlace judicial, hay una cuestión de fondo que afecta a la salud institucional. Los expresidentes del Gobierno conservan una enorme capacidad de influencia. Esa influencia puede ponerse al servicio del interés general o convertirse en un instrumento para favorecer intereses particulares. Cuando se difumina la frontera entre ambas cosas, la confianza de los ciudadanos en las instituciones comienza a deteriorarse.

La justicia tiene ahora la palabra. Será ella quien determine si las acusaciones encuentran respaldo en pruebas suficientes. Pero, políticamente, el caso ha entrado en una nueva fase. Ya no son únicamente informes policiales o denuncias de la oposición. Son personas que participaron en la operación quienes sitúan a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de las gestiones.

El PSOE bueno nunca ha existido

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Existe una leyenda muy útil para la izquierda española: la de un PSOE originariamente noble, democrático y conciliador que habría degenerado con el paso de los años. Es una leyenda cómoda porque permite separar un supuesto pasado ejemplar de un presente discutible. El problema es que la historia no la sostiene.

El fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse, dejó muy claro desde el primer momento cuál era su concepción de la política. No entendía al adversario como alguien a quien convencer, sino como alguien a quien derrotar por cualquier medio. Su intervención en el Congreso el 7 de julio de 1910 constituye uno de los documentos más reveladores de la historia parlamentaria española. Refiriéndose a Antonio Maura, declaró que, si era necesario impedir su regreso al poder, «debemos llegar hasta el atentado personal». Aquellas palabras quedaron recogidas en el Diario de Sesiones y el presidente de la Cámara intentó, sin éxito, que las retirara. No lo hizo. 

No era un desliz. Era una declaración de principios.

Cuando el fundador de un partido legitima públicamente la violencia contra un adversario político, deja de hablar como un parlamentario y comienza a hacerlo como un revolucionario. La democracia reconoce la legitimidad del adversario; la revolución solo reconoce la legitimidad de su derrota o de su eliminación.

Dos semanas después, Antonio Maura sufrió un atentado del que sobrevivió. Nadie puede afirmar que Pablo Iglesias ordenara aquel ataque. Sería una acusación que la historia no permite sostener. Pero tampoco puede ignorarse que quien había legitimado el "atentado personal" jamás rectificó sus palabras ni condenó el intento de asesinato. 

Por eso sorprende escuchar, todavía hoy, que existió un "PSOE bueno". ¿En qué momento exactamente? ¿Cuando su fundador justificaba el asesinato político como último recurso? ¿Cuando concebía la lucha política como un enfrentamiento existencial entre enemigos irreconciliables?

Los partidos evolucionan. Cambian sus dirigentes, sus programas y hasta sus votantes. Pero también conservan una memoria moral. Los orígenes importan porque revelan la cultura política sobre la que fueron construidos. Y en el caso del PSOE, esa cultura nació impregnada de marxismo revolucionario, de lucha de clases y de una retórica que, cuando lo consideró necesario, cruzó la frontera que separa la confrontación política de la violencia.

No, el problema del PSOE no comenzó ayer. No empezó con Felipe González, ni con Zapatero, ni con Pedro Sánchez. El problema estaba escrito desde el prólogo. Su fundador ya había señalado el camino. Los demás, con mayor o menor intensidad, no hicieron más que recorrerlo.