La llamada "ley de Nietos" no es una norma independiente, sino el nombre popular con el que se conoce a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que abrió una vía temporal para adquirir la nacionalidad española por opción en varios supuestos vinculados a la emigración, el exilio y la pérdida de derechos de nacionalidad anteriores a la Constitución. El apodo viene de que buena parte de los beneficiarios son nietos o descendientes de españoles que salieron del país o perdieron la nacionalidad.
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Cómo funciona el proceso hacia el voto
Obtener la nacionalidad no da derecho a voto de forma automática. Tras conseguir la nacionalidad, la persona debe jurar o prometer fidelidad, inscribir su nacimiento en el Registro Civil Consular y tramitar el alta consular para quedar adscrita a un municipio a efectos electorales. Solo entonces pasa a formar parte del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), que es el censo de españoles residentes fuera de España desde el cual pueden votar en elecciones generales, autonómicas o europeas según el caso. Es decir: solo pueden votar quienes ya hayan obtenido la nacionalidad, estén inscritos en el Registro Civil Consular y formen parte del CERA; las solicitudes pendientes o los expedientes en tramitación no votan.
La magnitud del fenómeno
Las cifras varían según la fuente y el momento:
- Moncloa calcula que hasta 2,45 millones de personas podrían acceder a la nacionalidad por esta vía, aunque al ser un proceso largo con más de 1,3 millones de expedientes aún pendientes, no se espera una alteración significativa del censo del voto CERA en las próximas elecciones generales.
- Según datos del Ministerio hasta finales de marzo de 2026, se habían iniciado más de 1,2 millones de expedientes, de los cuales cerca de 550.000 tuvieron resolución favorable y 306.500 inscripciones ya estaban formalizadas.
- Datos atribuidos al INE y difundidos por Vox sitúan el CERA en 2.708.083 inscritos a 1 de mayo de 2026, 375.027 más que en las elecciones generales de julio de 2023.
La polémica política
El PP y Vox sostienen que esto puede alterar el resultado electoral. Feijóo llegó a hablar de una "ingeniería electoral" por la que en año y medio se incrementaría en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto mediante nacionalización, mientras que el portavoz del PP, Borja Sémper, apuntó que hay potencialmente dos millones y medio de nuevos electores con impacto en el censo.
El Gobierno responde que es una reparación prevista en la Ley de Memoria Democrática y rechaza que exista una operación de manipulación electoral, defendiendo que se trata de personas españolas conforme a una ley aprobada por las Cortes, con un procedimiento que exige documentación y control. También aclaran que esto es distinto de la regularización extraordinaria de migrantes: esa regularización solo otorga residencia y trabajo, no la nacionalidad, por lo que no afecta al censo, ya que solo los nacionales tienen derecho a voto.
Un matiz relevante: el voto CERA, aunque crece, tiene un peso limitado. Como referencia, Moncloa señala que en las elecciones generales de 2023 el voto CERA solo afectó a un escaño, en la Comunidad de Madrid, y benefició al PP en detrimento del PSOE. Aun así, algunos analistas sostienen que su influencia puede ser relevante en provincias con resultados ajustados, aunque no necesariamente decisiva en el conjunto del mapa.
En resumen: es un tema técnicamente real (crecimiento del censo exterior) pero con una lectura política muy disputada sobre su magnitud e intencionalidad, y el debate sigue abierto en España a fecha de hoy.
jueves, 2 de julio de 2026
¿Qué es la ley de Nietos y cómo puede afectar al censo electoral?
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