Cortesía parlamentaria: los políticos que aún guardan las formas y los que han hecho del insulto su estrategia

Aitor Esteban

La política española atraviesa desde hace años una degradación evidente del tono y de las formas. El Parlamento, que debería ser el espacio del debate sereno y del contraste de ideas, se ha convertido con frecuencia en un escenario de confrontación personal, descalificaciones gruesas y espectáculo pensado más para el titular o el vídeo viral que para la construcción de acuerdos. Sin embargo, no todo está perdido: aún hay dirigentes en activo que mantienen un mínimo de cortesía parlamentaria, frente a otros que han normalizado la agresividad verbal como herramienta política.

Quienes todavía respetan las formas

En un contexto de polarización extrema, algunos políticos destacan precisamente por lo contrario: un tono moderado, respeto al adversario y una voluntad clara de argumentar más que de provocar.

Aitor Esteban (PNV)

Aitor Esteban (PNV) es un ejemplo clásico de cortesía parlamentaria. Sus intervenciones, medidas y técnicas, reflejan una cultura política más institucional, donde el desacuerdo no exige humillar al contrario. No es casualidad que sea respetado incluso por diputados de formaciones rivales.

Margarita Robles (PSOE)

En el ámbito socialista, Margarita Robles suele mantener un tono sobrio y contenido, incluso en debates sensibles. Su estilo contrasta con la crispación general y recuerda una forma más clásica de entender la política. 

Alberto Núñez Feijóo (PP)

En el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al menos en sede parlamentaria, ha intentado proyectar una imagen más institucional, evitando en general el insulto directo y apostando por un lenguaje menos bronco, aunque no siempre lo logre en un contexto tan contaminado.

El auge de la agresividad y el insulto

En el extremo opuesto se sitúan aquellos dirigentes que han convertido la confrontación agresiva en su principal seña de identidad. Para ellos, la política es un combate permanente en el que el adversario no es un rival legítimo, sino un enemigo al que desacreditar.

Gabriel Rufián (ERC)

Gabriel Rufián es probablemente el ejemplo más evidente. Sus intervenciones suelen estar diseñadas para generar impacto mediático, con un uso constante de la ironía hiriente, el desprecio personal y el insulto más o menos velado. El aplauso fácil en redes sociales parece primar sobre la calidad del debate.

Óscar Puente (PSOE)

En el PSOE, Óscar Puente ha destacado especialmente por su estilo bronco y confrontativo, tanto en redes sociales como en el debate político. El ataque personal y la ridiculización del adversario forman parte habitual de su repertorio, contribuyendo a normalizar una política más agresiva.

Santiago Abascal (Vox)

Desde Vox, figuras como Santiago Abascal ha hecho de la descalificación global —"gobierno ilegítimo", "enemigos de España", "traidores"— una constante, elevando el tono hasta límites que dificultan cualquier diálogo real.

Tampoco faltan ejemplos en el PP, donde algunos portavoces autonómicos y nacionales han optado por mimetizarse con la dureza del adversario, abandonando la moderación para no parecer "débiles" ante un electorado cada vez más polarizado.

Una cuestión de calidad democrática

La diferencia entre unos y otros no es solo de estilo, sino de concepción de la democracia. La cortesía parlamentaria no implica tibieza ni renuncia a las ideas propias; significa entender que el adversario político no es un enemigo moral, y que el respeto a las formas protege a las instituciones.

Cuando el insulto se convierte en norma, el Parlamento se vacía de contenido y la política se reduce a un espectáculo de trincheras. Identificar y valorar a quienes aún mantienen las formas no es un ejercicio nostálgico, sino una defensa básica de la calidad democrática. Porque cuando desaparece la cortesía, lo siguiente que suele desaparecer es el debate.

Vox alcanza el 20% en intención de voto: consecuencias y reacciones en el tablero político

El crecimiento de Vox hasta el 20% en intención de voto marca un punto de inflexión en la política española. No se trata solo de un avance electoral significativo, sino de una señal clara de que una parte relevante del electorado está buscando respuestas fuera de los marcos tradicionales. Este porcentaje consolida a Vox como tercera fuerza nacional —y en algunos escenarios, decisiva— y obliga al resto de partidos a reaccionar, reajustar discursos y replantear estrategias.

Un síntoma más que una sorpresa

El ascenso de Vox no surge de la nada. Se alimenta de una combinación de factores: el desgaste del Gobierno, la percepción de desorden en materias como la inmigración o la seguridad, el hartazgo con la polarización permanente y una creciente desconfianza hacia las instituciones. Para muchos votantes, Vox se ha convertido en un canal de protesta, pero también en una opción que ofrece mensajes claros —aunque controvertidos— en un contexto de incertidumbre.

Este 20% no implica necesariamente una mayoría social para sus propuestas, pero sí refleja que su discurso conecta con una franja cada vez más amplia del electorado, especialmente en momentos de crisis económica, tensión territorial y fatiga política.

La reacción del PP: entre la distancia y la dependencia

El Partido Popular se enfrenta a un dilema incómodo. Por un lado, intenta presentarse como una alternativa de gobierno "moderada" y solvente; por otro, sabe que sin Vox tendrá serias dificultades para alcanzar mayorías suficientes. El crecimiento de Vox presiona al PP desde la derecha y limita su margen de maniobra: cualquier intento de girar al centro puede suponer fugas de votos, mientras que un acercamiento excesivo puede alejar a electores más moderados.

En este contexto, el PP oscila entre marcar distancias públicas y mantener puentes discretos, consciente de que el mapa político que se dibuja hace casi inevitable algún tipo de entendimiento postelectoral.

El PSOE y la estrategia del miedo

Desde el PSOE, la subida de Vox es utilizada como argumento movilizador. El mensaje es claro: el avance de la extrema derecha justificaría un voto de "contención democrática" en torno al bloque progresista. Sin embargo, esta estrategia tiene límites. Alertar de Vox sin abordar los problemas que explican su crecimiento —desafección, inseguridad, sensación de falta de control— corre el riesgo de reforzar precisamente aquello que se pretende frenar.

Además, la insistencia en el "voto útil" puede movilizar a los propios, pero también consolidar a Vox como el gran antagonista del sistema, un papel que le resulta electoralmente rentable.

La izquierda fragmentada y a la defensiva

Sumar y el resto de fuerzas a la izquierda del PSOE afrontan el ascenso de Vox con preocupación, pero también con dificultades para articular una respuesta eficaz. Su discurso, centrado en alertar del retroceso en derechos, no siempre logra conectar con sectores populares que hoy se sienten más interpelados por mensajes de orden, identidad o soberanía.

La fragmentación y las luchas internas debilitan su capacidad para contrarrestar un fenómeno que no es solo ideológico, sino también emocional y cultural.

Un cambio de ciclo

Que Vox alcance el 20% en intención de voto no garantiza un resultado final idéntico, pero sí confirma un cambio de ciclo. El sistema de partidos se vuelve más áspero, más polarizado y más dependiente de equilibrios inestables. Ignorar las causas profundas de este ascenso sería un error; reducirlo a una anomalía pasajera, también.

La pregunta ya no es si Vox influirá en la política española, sino hasta qué punto lo hará y cómo condicionará las decisiones del resto. Porque, a partir de ahora, ningún partido puede permitirse actuar como si ese 20% no existiera.

La alta velocidad genera más desconfianza que el tren convencional

Durante años, el tren de alta velocidad fue presentado como uno de los grandes símbolos del progreso en España: rapidez, modernidad y seguridad. Sin embargo, esa imagen comienza a resquebrajarse. Según los últimos datos, cuatro de cada diez españoles consideran que el AVE es poco o nada seguro, una cifra que marca un punto de inflexión preocupante. Por primera vez, la alta velocidad genera más desconfianza que el tren convencional, y también que medios tradicionalmente percibidos como más arriesgados, como el autobús o incluso el coche.

El dato no es menor. La seguridad no es un valor añadido en el transporte público: es su pilar fundamental. Cuando una parte tan significativa de la población empieza a dudar de ella, algo se ha hecho mal. No se trata solo de percepción, sino de una acumulación de señales: incidencias técnicas cada vez más frecuentes, retrasos prolongados, trenes detenidos durante horas y una gestión de crisis que, en demasiadas ocasiones, ha sido lenta, opaca o directamente inexistente.

La alta velocidad española ha crecido mucho en kilómetros, pero no necesariamente en confianza. La expansión acelerada de la red, a veces guiada más por criterios políticos que técnicos, ha tensionado el sistema. A ello se suma el deterioro del mantenimiento, la falta de inversión en infraestructuras clave y una evidente dificultad para responder con eficacia cuando algo falla. El resultado es un servicio que ya no transmite control ni fiabilidad, justo lo contrario de lo que debería ofrecer.

Que el AVE sea percibido como menos seguro que el tren convencional es especialmente revelador. El usuario parece intuir que lo "de siempre", aunque más lento, es también más robusto y predecible. Y que la alta velocidad, pese a su tecnología, se ha vuelto frágil: demasiado dependiente de sistemas complejos que, cuando fallan, dejan al viajero indefenso.

Más inquietante aún es que el coche y el autobús, medios con mayor siniestralidad objetiva, inspiren hoy más confianza. Esto demuestra que la seguridad no se mide solo en estadísticas, sino también en sensación de control, información y respuesta ante los problemas. Y ahí el tren de alta velocidad está suspendiendo.

Recuperar la confianza no pasa por campañas publicitarias ni por negar la evidencia. Exige inversiones serias, mantenimiento riguroso, transparencia informativa y responsabilidad política. La alta velocidad puede seguir siendo una gran herramienta de cohesión y movilidad, pero solo si vuelve a cumplir lo más básico: que el ciudadano sienta que subirse a un tren no es un acto de fe, sino una decisión segura.