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Preso político venezolano abraza a su madre al quedar |
La diferencia no es menor. Las palabras no son inocentes. El lenguaje no es un adorno del poder: es una herramienta. Y cuando se sustituye “preso político” por “retenido”, lo que se está haciendo no es describir la realidad, sino maquillarla.
Un retenido es alguien cuya libertad se restringe de manera breve, provisional, normalmente durante horas o pocos días, en el marco de un trámite o una actuación puntual. Un preso, en cambio, es alguien privado de libertad de forma prolongada, ingresado en un centro penitenciario, sometido a un proceso judicial —real o ficticio— y, en muchos casos, a una condena o a medidas cautelares indefinidas.
Quien pasa meses o años en una celda por protestar, por denunciar corrupción, por organizar una manifestación o por ejercer el periodismo crítico no está “retenido”. Está preso.
La realidad que se quiere suavizar
Bajo el chavismo, centenares de opositores, activistas, militares disidentes, estudiantes y periodistas han sido encarcelados por motivos políticos. No hablamos de estancias de horas en una comisaría. Hablamos de traslados a centros como El Helicoide, convertido en símbolo de tortura y represión; de ingresos en cárceles comunes junto a delincuentes violentos; de incomunicación; de juicios sin garantías; de años perdidos entre rejas.
Algunos testimonios describen condiciones indignas: hacinamiento, falta de atención médica, interrogatorios abusivos, humillaciones. “Hacíamos nuestras necesidades donde nos servían la comida”, relató un activista tras más de cuatro años en prisión. Eso no es una retención. Eso es encarcelamiento político con maltrato.
Llamar a esas personas “retenidos” equivale a diluir la gravedad de lo ocurrido. Es un eufemismo que rebaja la carga moral del hecho y lo convierte en algo casi administrativo, casi rutinario. Como si se tratara de un trámite, no de una vulneración de derechos fundamentales.
El eufemismo como estrategia
Los regímenes autoritarios suelen evitar la expresión “presos políticos”. Admitir su existencia es reconocer persecución. Por eso prefieren hablar de “detenidos”, “procesados”, “retenidos” o incluso “personas privadas de libertad por delitos comunes”. El objetivo es claro: despolitizar la represión.
Pero cuando alguien es encarcelado por disentir, por competir electoralmente, por investigar al poder o por participar en protestas, la motivación es política, aunque el código penal invoque otras figuras. Cambiar la palabra no cambia la naturaleza del acto.
El lenguaje importa porque moldea la percepción pública. Si son “retenidos”, parece que la situación es transitoria y leve. Si son “presos políticos”, la palabra señala directamente al responsable: el poder que utiliza la cárcel como instrumento de control.
Retenido no es un matiz semántico
Decir “retenidos” en estos casos no es un detalle técnico; es una toma de posición. Es optar por una expresión que suaviza, que atenúa, que desactiva la indignación. Y cuando esa expresión procede de altas instancias del Estado en otros países, el mensaje político es aún más elocuente.
Porque si alguien pasa años entre rejas por razones ideológicas, no está retenido: está preso. Y si está preso por sus ideas, es un preso político.
Lo demás es retórica al servicio del poder.

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